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Cargos disciplinarios contra alcalde de Valledupar por contrato con Natalia Springer

La Procuraduria también investiga a otras tres personas por la firma del convenio

Fredys Miguel Socarrás, en su condición de alcalde de Valledupar entre el 2012 y el 2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general de la Alcaldía; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno, y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica, habrían incurrido en irregularidades al celebrar un contrato de prestación de servicio con la firma de Natalia Springer -Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS)- por un valor de 1.400 millones de pesos.

El objetivo del contrato era desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’, sin embargo la firma no era idónea para el proyecto.

Dice el Ministerio Público que además, la contratación de hizo de manera directa afectando los principios de transparencia y selección objetiva. Lo que se investiga

A Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.

A Lisbeth Lorena Gaitán Mateus se le reprocha haber certificado supuestamente, que la firma era idónea para desarrollar el proyecto sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista.

En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.

A Carlos Mario Céspedes Torres, quien fue objeto de dos imputaciones consistió en certificar que la firma era idónea para desarrollar el objeto contractual, "cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales".

En segundo lugar se le cuestiona al exsecretario de Gobierno de Valledupar y supervisor del citado contrato, el no exigir la calidad de los servicios adquiridos por la entidad estatal, pese a las evidentes diferencias numéricas de los asistentes, al eventual sobrecupo en el auditorio donde se llevaron a cabo las capacitaciones, a las fechas en las que se dice fue alquilado el recinto y a la falta de informe sobre las algunas obligaciones contenidas en el contrato.

A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.

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