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Regaño de la Corte Suprema a militares que se quieren ‘colar’ en la JEP

La sala plena ha identificado casos que no cumplen con los requisitos para obtener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Corte Suprema de Justicia /

Un fuerte llamado de atención hizo la Corte Suprema de Justicia para los militares que desean obtener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La sala de casación penal advierte que solamente pueden recibir la libertad condicionada y transitoria quienes hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado y sea comprobable.

Por eso, negó tajantemente la solicitud de acogimiento a la jurisdicción de un ex intendente de la Policía Nacional, condenado por concierto para delinquir. Se trata de José Elmer Mosquera Córdoba quien aspiraba someterse a la JEP.

Con él, existe una condena de 64 meses de prisión como titular de una cuenta bancaria receptora de consignaciones de más de 50 personas en febrero de 2008. “Se advierte que la conducta de implementar pirámides con el Esquema Ponzi para defraudar a las personas, no fue cometida por causa o con ocasión del conflicto armado, ni tiene relación alguna directa ni indirecta con este”, sostiene la sala.

La Corte le hizo un llamado al Ministerio de Defensa Nacional para que elabore los listados de los miembros de las Fuerzas Militares que cumplen con los requisitos para acceder a la ‘libertad transitoria condicionada y anticipada’, “esa entidad debe solicitar la información a las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, cabe recordar que, entre las exigencias está que el servidor público se encuentre condenado o procesado ‘por haber cometido conductas punibles, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, precisa el pronunciamiento.

Posibles ‘colados’ para la JEP

Existe una lista de 53 militares retirados que, al parecer, enviaron su solicitud a la JEP para hacerse a los beneficios. Caracol Radio encontró que no todos han sido condenados por delitos relacionados al conflicto armado.

Uno de los que aparece en la lista es Carlos Heberto Ángel Torres, ex gerente del Instituto de Deportes de Ibagué (Imdri), entidad que coordinó el proceso de contratación de los Juegos Nacionales 2015, y quien fue condenado por el delito de peculado a 12 años de cárcel y el pago de una multa de $815 millones por irregularidades cometidas en la adjudicación a la empresa Typsa del contrato de estudios y diseños a un costo de $11.500 millones.

También, aparece el suboficial de la Policía John Jairo Ardila Guzmán, condenado como responsable de los delitos de acto sexual violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años e incesto.

Otro es Miguel Andrés Martínez Flórez, ‘El Camaleón’; fue enviado a la cárcel, sindicado de los delitos de extorsión agravada consumada y tentada por hechos ocurridos entre diciembre de 2013 y junio de 2014 en Bucaramanga y Socorro, Santander.

Además, el patrullero Jhon Andrés Cuervo Aguirre, condenado por un crimen pasional, por los cargos de homicidio agravado, desaparición forzada, e incesto, como presunto responsable del crimen.

El sargento del Ejército, Gustavo Duchara López, capturado por hacer un falso allanamiento a una finca de Rodríguez Gacha.

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