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GUATEMALA CONFLICTO (Análisis)

La ofensiva militar de Guatemala para frenar un conflicto centenario

Guatemala se pondrá en pie de guerra durante 30 días para retomar el control en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, declarados en Estado de sitio por un litigio territorial que se ha recrudecido en los últimos meses y dónde los narcotraficantes han ido ganando presencia.

Guatemala, 16 may (EFE).- Guatemala se pondrá en pie de guerra durante 30 días para retomar el control en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, declarados en Estado de sitio por un litigio territorial que se ha recrudecido en los últimos meses y dónde los narcotraficantes han ido ganando presencia.

La decisión de militarizar con unos 1.500 soldados estos dos ayuntamientos del departamento de San Marcos, fronterizo con México, pone a prueba la política y el discurso de seguridad del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que enfrenta un enorme reto al tratar de pacificar la zona por la vía armada.

Hace más de 80 años, concretamente desde que en 1933 se creó el municipio de Ixchiguán, que los dos pueblos están enfrentados. Desde entonces, las usurpaciones de tierra y de agua han sido una constante. Mas el narcotráfico, con grandes cultivos de amapola en el área, ha polarizado y enemistado aún más a la sociedad.

Para solventar este conflicto, en el que supuestamente también están implicados mexicanos y colombianos, Morales y su Gobierno han tomado de manera sorpresiva la decisión de decretar el Estado de sitio en ambos pueblos por 30 días, una postura que fue ratificada ayer, lunes, por el Congreso.

Dicen que no había alternativa. Están preocupados porque las partes abandonaron la mesa de diálogo instaurada el año pasado. También porque la tenencia de armamento de tipo militar entre los pobladores y los narcos -con fusiles AK-47 y M-16 supuestamente llegados desde México- ha ido en aumento.

Los objetivos en el área serán cinco: destruir los cultivos de amapola, detener a los pobladores que cometan delitos, decomisar los fusiles y las armas ilegales, destruir trincheras y refugios, y restablecer los sistemas de salud y educación.

Para ello ha empezado el despliegue de los 1.500 soldados y unos 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona. De hecho, el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, dijo este martes a una emisora local que en las próximas 72 horas ya podría haber resultados.

"Prácticamente se va a militarizar a los dos poblados para lograr estabilizar el área", reconoció el jefe militar, aduciendo que es la Ley de Orden Público la que los autoriza a ello, con la colaboración de todas las autoridades y entidades estatales, que tiene la obligación de ayudarlos.

El Estado de sitio le permite al Ejército, según el artículo 19 de la misma norma, "intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento" cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios "preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados" cualquier acción.

Pero no sólo esto. También restringe derechos básicos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a reunión o la portación de armas, entre otros.

La ofensiva en estos dos municipios indígenas ya ha comenzado. Los disparos, según reportan medios locales, siguen. Pero esta situación ha abierto un pequeño debate en la sociedad: "¿La intervención del Ejército, con la fuerza por delante, es la solución para restaurar el orden?".

El último Estado de sitio había sido declarado el 1 de mayo de 2013 por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien lo decretó por ocho días en 4 municipios del sureste país tras unas manifestaciones violentas contra la minería.

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