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Consultas previas a comunidades indígenas son de obligatorio cumplimiento: Corte

La corporación tomó la decisión tras fallar una tutela que protege las comunidades afro de Buenaventura.

La sala octava de la Corte Constitucional por primera vez decretó que las consultas previas a las comunidades indígenas son de obligatorio cumplimiento para el Estado y las entidades que adelanten cualquier tipo de obra de infraestructura.

La decisión de la sala fue tomada tras el estudio de una tutela que protegen los derechos de las comunidades afro del Puerto de Buenaventura, quienes argumentaban su afectación y vulnerabilidad por una obra de infraestructura denominada “Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Nacional -VIS- San Antonio”, en jurisdicción de Buenaventura,Valle del Cauca, la cual pretendía brindar espacios de reubicación y solución de vivienda a 3.400 hogares localizados en el sector de bajamar (Isla de Cascajal).

Dicho proyecto de vivienda de interés social se inició sin haber consultado previamente a las comunidades negras ubicadas cerca del lugar donde se adelanta la construcción del proyecto. "Es indispensable que cuando el contenido de las obligaciones contraídas en el acuerdo de consulta previa se refieran a derechos fundamentales de las comunidades étnicas y su subsistencia como grupos minoritarios que representan la diversidad étnica y cultural de la Nación, la acción de tutela sea el mecanismo procedente para proteger sus derechos".

La sala determinó que hay que tener en cuenta a las comunidades es un acto jurídico vinculante en la jurisdicción constitucional y en el ordenamiento jurídico. La Corte dio plazo de 6 meses a la Alcaldía Distrital de Buenaventura para que convoque a las Comunidades de Zacarías, Campo Hermoso y Guadualito (Río Dagua), los proyectos de mejoramiento de sus viviendas, de conformidad con lo dispuesto por las partes el 9 de febrero de 2013 en el Acuerdo de Consulta Previa.

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