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ARGENTINA JUSTICIA

Militantes de izquierda argentinos protestan por fallo a favor de represor

Un grupo de militantes de izquierda en Argentina adelantó las marchas convocadas para la otra semana y protestó hoy frente al Palacio de Justicia en rechazo al fallo del Supremo que otorgó beneficios a un civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar (1976-1983).

Alejandro Bodart, miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que encabezó la marcha, declaró a Efe que "el fallo es aberrante porque utiliza como mecanismo una ley que fue derogada y que solo se puede aplicar a delitos comunes, no a crímenes de lesa humanidad".

El dirigente también afirmó que existe una nueva orientación política y que esta decisión judicial es parte de ella: "es preocupante que tengamos genocidas sueltos, es repulsivo", remarcó.

Sobre las acciones que el Movimiento planea realizar a futuro, Bodart manifestó que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para plantear el caso y destacó que "lo más importante es continuar con las movilizaciones de la sociedad".

"Son las movilizaciones las que impulsaron los cambios en las políticas de derechos humanos en Argentina y las que realizaron las conquistas", añadió.

La del MST no fue la única protesta que se realizó desde que se dio a conocer el fallo el pasado miércoles.

En el Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, la repercusión fue inmediata ya que Luis Muiña, el condenado por delitos de lesa humanidad beneficiado por la decisión de la Corte, fue parte del grupo de tareas que hizo desaparecer a 11 personas de esa institución durante el régimen de facto.

El polémico fallo fue aprobado en la Corte Suprema de Justicia por tres votos a favor y dos en contra y declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que hoy está derogada.

Esta ley se aplicaba en el caso de que un procesado sin condena firme superara los dos años de prisión preventiva, a partir de lo cual cada día de detención se le computaría doble, restando así un porcentaje a la futura condena efectiva.

"No me gusta, si hay una pena para un delito, no hay razones para cortarlo", afirmó ayer el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta -del oficialista Propuesta Republicana-, en declaraciones a América TV recogidas por la agencia estatal de noticias Télam.

Hasta ahora, por parte del Gobierno nacional, diversas han sido las voces al respecto.

"Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo", dijo el pasado miércoles el secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj.

Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Justicia de Argentina, Germán Garavano, tildó de "perversa" y "uno de los mayores engendros" la ley '2x1'.

Al tiempo, varios represores que continúan encarcelados solicitaron obtener el mismo beneficio por parte de la Justicia.

Según publicó el portal Infobae, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó el pedido de acceder al beneficio del "2×1" presentado por el coronel retirado Héctor Girbone.

Mientras, se esperan para la semana próxima una serie de marchas impulsadas por organismos humanitarios en repudio de la decisión judicial.

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