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COLOMBIA JUSTICIA

Libre primer militar de alto rango cobijado por justicia de paz en Colombia

Un juez en Colombia ordenó hoy la libertad del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán y quien se convirtió en el militar de más alto rango en beneficiarse con el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP) al que se acogió en enero pasado.

El juez 21 de ejecución de penas de Bogotá concedió "el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada al condenado brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por cumplir con todos los requisitos para ello", indicaron medios locales.

Entre el 15 y 20 de julio de 1997 hombres de las hoy desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron en el municipio Mapiripán, del departamento del Meta (centro), y asesinaron a por lo menos 50 personas.

Por esta matanza la justicia colombiana condenó a Uscátegui Ramírez, quien al momento de los hechos era el comandante de la VII Brigada del Ejército.

El pasado enero el general pidió el beneficio de someterse a la Justicia Especial de Paz (JEP), que califica las conductas cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).

"Hasta el último día de mi vida defenderé mi inocencia", dijo hoy el general en retiro en un comunicado, en el que precisó que aún no ha sido notificado de la decisión judicial de lo cobija.

"Después de permanecer en la cárcel por más de 16 años por un delito de omisión que no cometí y sin las debidas garantías judiciales, veo en la JEP una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre", precisó.

La Jurisdicción Especial de Paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros.

Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad, para los guerrilleros y los terceros.

Para los agentes del Estado serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.

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