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“Colombia tiene que redoblar sus esfuerzos para proteger líderes sociales”: HRW

Human Rights Watch le pide el Gobierno colombiano investigar la creciente ola de homicidios.

José Miguel Vivanco, director Human Rights Watch para las Américas, le pidió al Gobierno colombiano que redoble sus esfuerzos para proteger a los defensores de derechos Humanos e investigar la ola de homicidios ocurridos en el país.

“El Gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para proteger a defensores de derechos y activistas comunitarios e investigar los homicidios de activistas ocurridos en el país”, señaló hoy Human Rights Watch.

El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, sin embargo, afirmó que es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia.

El 30 de enero, Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas de Colombia, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 17 activistas habrían sido asesinados.

HRW indica que los abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar. A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal.

Entre los municipios que solían tener presencia de las Farc y en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc. El 3 de marzo, el defensor del pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las Farc había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos.

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