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CHILE CORRUPCIÓN

Oposición lamenta "carpetazo" a investigación de corrupción política en Chile

El fiscal nacional de Chile, Jorge Abbott, y los partidos de la oposición lamentaron hoy el "carpetazo" del Servicio de Impuestos Internos (SII) al cerrar sin querellas la investigación por cohecho y fraude tributario de empresas que financiaron ilegalmente campañas electorales.

La decisión del SII "pone una barrera legalmente infranqueable" para el Ministerio Público, dijo Abbott, en referencia al hecho de que si el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda no interpone una querella, la Fiscalía no puede investigar "motu proprio".

"Es importante aclarar que (sólo) las investigaciones con respecto a la financiación de la política sobre aquellos hechos respecto a los cuales el Servicio de Impuestos Internos ha presentado con anterioridad una denuncia o una querella siguen adelante", añadió el fiscal.

No obstante, Abbott aseguró que sí siguen adelante las investigaciones de la Fiscalía relacionadas con los casos Penta y Soquimich, donde sí que existen querellas por parte del SII.

Abbott añadió que la Fiscalía Nacional está de acuerdo con que "otros órganos del Estado", como el SII, tengan la facultad de presentar querellas.

"Pero hemos manifestado siempre nuestro desacuerdo con que esta facultad no esté radicada en el Ministerio Público, porque (entonces) se produce una cierta desigualdad de las personas ante la ley".

El SII optó por sancionar con multa a las empresas involucradas en los casos Penta y Soquimich, las cuales pueden aceptar la sanción o bien recurrir a los tribunales tributarios.

Pero en todo caso, no habrá sanción penal, como pedía la Fiscalía. De hecho, la última querella del Servicio de Impuestos Internos por estos casos es de hace casi un año.

Entre las empresas que han recibido los avisos de multa figuran, entre otras, BCI, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt's, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, Corpbanca e Inversiones Caburga.

En toda esta operación, según fuentes del SII, el fisco lograría recaudar más de 1.000 millones de pesos (1,5 millones de dólares, aproximadamente) con multas que van del 50 % al 300 % del perjuicio ocasionado.

Las empresas involucradas pagaron boletas y facturas por servicios que nunca recibieron. De este modo, rebajaban la base imponible de sus impuestos y ayudaban a financiar ilegalmente la actividad de los partidos políticos.

A juicio del fiscal Abbott, "algunas personas pueden verse favorecidas por decisiones de la Administración cuando han cometido hechos que son particularmente graves, como son los que afectan a la recaudación tributaria".

La decisión del Servicio de Impuestos Internos ha causado gran malestar en el partido opositor Unión Demócrata Independiente (UDI) y en la organización no gubernamental (ONG) Ciudadano Inteligente.

La UDI criticó que varios de sus parlamentarios estén imputados en los casos Penta y Soquimich, mientras que las investigaciones que se abrieron contra legisladores y personalidades de la coalición gubernamental ahora quedaron archivadas.

Mientras que la Fundación Ciudadano Inteligente -que es querellante en los casos Penta, Soquimich y Corpesca- consideró que "la decisión del SII de no tomar acciones penales en casos no investigados de financiamiento ilegal de la política es una lamentable señal para la ciudadanía".

En tanto, el senador derechista Manuel José Ossandón, aspirante a las presidenciales de noviembre, dijo con ironía que "los políticos corruptos deben estar de fiesta".

"La señal que le estamos dando a Chile es perversa. La gran estafa de la política quedará sin sanción, como todos los delitos 'de cuello y corbata' que han ocurrido en el último tiempo", afirmó.

El caso Penta comenzó con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo, un banco de inversiones que manejó activos por más de 20.000 millones de dólares.

Varios de ellos estuvieron en prisión preventiva: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes eran dueños de Penta; Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), e Iván Álvarez, un exfiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En el marco de esa investigación se destaparon varios casos de financiación irregular de campañas políticas por parte de Penta con la participación de Soquimich, la mayor productora mundial de abonos químicos y litio.

Según los antecedentes de la investigación, Penta emitió boletas falsas a nombre de Soquimich para financiar campañas electorales, principalmente de políticos de derecha.

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