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En su recta final el proceso por el carrusel de las libertades de Paloquemao

Esta semana la Corte confirmó la sentencia para el exjuez 26 de garantías y en dos semanas se conocerá la condena para el exjuez 38 de garantías.

El escándalo inició en octubre de 2013 cuando los jueces de garantías Ricardo del Cristo Rodriguez Vilar y Francisco Javier Barbón López fueron capturados en el Complejo judicial de Paloquemao, junto con empleados del Centro de Servicios y abogados, por cobrar más de $500 millones para desviar procesos y favorecer libertades a investigados por tráfico de armas, hurtos y tráfico de drogas.

El proceso judicial ya está llegando a su fin. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de diez años de prisión a Rodríguez Vilar, quien se desempeñaba como juez 26 de control de garantías, la multa de 280 salarios mínimos y la inhabilidad para el ejercicio funciones públicas 94 meses.

El 5 de abril se conocerá en el Tribunal Superior de Bogotá la sentencia a Barbón, quien se desempeñaba como juez 38 de garantías. Él se graduó como abogado de la Universidad Nacional y en el 2009 hizo el curso para poder postularse a magistrado, en la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, es conocido por el uso del martillo o mazo para impartir las decisiones que toma.

Cómo operaba el cartel de las libertades

Los jueces cobraban desde $500.000 millones por manipular decisiones judiciales. El modus operandi era el siguiente: El caso llegaba al Centro de Servicios judiciales donde los empleados alteraban el reparto para que el proceso específico llegara al juez de la preferencia, por eso se cobraba entre $200.000 a $300.000.

Una vez el caso le correspondía al juez elegido, este usaba la jurisprudencia a favor del implicado y lo beneficiaba con la libertad, cambio de cárcel, sustitución de prisión por detención domiciliaria entre otras.

Caracol Radio conoció que Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar por ejemplo, le encontraron seis decisiones irregulares, en una de ellas se alió con su secretaria para facilitar el traslado de un condenado a cinco años de prisión de la cárcel La Picota a la cárcel de Facatativá “a cambio de $13.000.000 millones de los que al juez correspondieron $4.000.000, para cuyo efecto el encartado contactó a un servidor del Inpec con lo que se obtuvo el traslado de centro penitenciario”.

Los jueces fueron señalados de ser la cabeza de la red que entre 2012 y 2013 altero el alteró el reparto de carpetas relacionadas con audiencias preliminares tales como “las de medida de aseguramiento, su revocatoria, sustitución, libertad, privación de esta y captura” y asignarlas a despachos escogidos por los juristas para lo cual se entregaban diferentes sumas de dinero con la finalidad de obtener decisiones indebidas.

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