FF.MM, JEP y las dudas sobre si se cumplen estándares internacionales en Derechos Humanos

.

Durante los debates que se dieron en el Congreso para aprobar la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que regula el tratamiento especial a la Fuerza Pública, se generalizó una crítica de fondo: que lo que se estaba acordando iba en contravía del derecho internacional y de compromisos que Colombia había adquirido en Derecho Internacional.

Aunque los ministros de Interior, Defensa y Relaciones han asegurado que el proyecto cumple los estándares internacionales en Derechos Humanos, existen grandes dudas de que ello sea así.

El ministro Juan Fernando Cristo dijo el pasado 3 de marzo a propósito de inquietudes de militares retirados sobre la justicia especial de paz: “Hemos actuado bajo un principio fundamental que es: con motivo del cierre del conflicto llegar a los máximos beneficios posibles jurídicos para las Fuerzas Militares, con la mayor seguridad jurídica. Es decir, cumpliendo con la legislación interna y con los estándares internacionales”.

Antecedentes: Los principales cuestionamientos han surgido sobre la responsabilidad de mando, que es la figura del derecho internacional que permite judicializar a un comandante militar –ya sea de fuerzas regulares como el ejército o la policía, o fuerzas irregulares como una guerrilla– por las atrocidades cometidas por sus subalternos, si faltó a su deber de prevenir y sancionar esas atrocidades.

Según el Acuerdo Final, tanto los mandos guerrilleros como de Fuerza Pública deberán responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos, si no previnieron ni sancionaron esas atrocidades. Sin embargo, el Acto Legislativo determina unos requisitos que hacen difícil que se configure responsabilidad del mando.

LAS REACCIONES/ FUENTES CONFRONTADAS

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional escribió lo siguiente en Semana el 21 de enero:

“Aunque el concepto de responsabilidad de mando aparece claramente definido en el Estatuto de Roma, observo con cierta preocupación que en la versión final del acuerdo de paz se ha eliminado toda referencia directa al correspondiente artículo 28 del estatuto. No obstante, la definición que adopten en última instancia los legisladores tendrá que ajustarse plenamente a la definición establecida en el Estatuto de Roma”.

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa

Estamos muy confiados en que la legislación que ya se aprobó sobre amnistía para las Farc y renuncia a la persecución penal y libertad penal para los agentes del Estado cumplen con esos estándares internacionales. Las más graves ofensas a la ley penal estarían también cubiertas por esta legislación especial.

Claudia López, senadora de Alianza Verde

Si bien se estableció la responsabilidad de mando de los miliares, se estableció de una manera contraria al ordenamiento internacional. Para decirlo de manera sencilla, el estado colombiano con esta ley pretende ponerle conejo al estatuto de Roma y eso es muy riesgoso porque no solo es una trampa, sino porque eso expone a los militares que cometieron graves delitos en Colombia a que si no son juzgados debidamente en la JEP, puedan ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

La valoración de Dejusticia

Cuáles son las implicaciones de lo dicho por el gobierno frente a este tema. La respuesta de Dejusticia la da la investigadora Diana Güiza.

En general, la JEP se ajusta al derecho internacional. Sin embargo, en los aspectos puntuales de tratamiento a la Fuerza Pública que son importantes pero específicos los que desconocen el derecho internacional. Uno de ellos es la regulación de la responsabilidad del mando que tal como está siendo aprobada por el Congreso haría muy difícil sancionar a los mandos militares y policiales por los crímenes que cometan sus subordinados si esos mandos faltaron al deber de prevenir y sancionar dichas atrocidades.

Calificación: 2 pastorcitos: Verdad a medias

Aunque en la parte general esta reforma incorpora mecanismos para proteger la verdad, la reparación y la justicia de las víctimas, en las normas específicas de los miembros de fuerza pública tienen un trato desequilibrado a favor de éstos, que afecta los derechos de las víctimas.

Archivado en:

Outbrain