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Dónde está la bolita

Electricaribe, capítulo cerrado

La liquidación de esta empresa vuelve a poner de presente la visión diversa del país sobre los problemas estructurales que viven las regiones: Bogotá se preocupa mientras la Costa celebra.

Como pasa en las apuestas, con la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar a Electricaribe, el operador de energía en la Costa, alguien se queda con todo el juego y el otro con el bolsillo vacío. Acá la cara amarga es la de Gas Natural Fenosa que rechazó la decisión, y la feliz, la de los políticos que hace rato vienen cuestionando la calidad del servicio, con los réditos electorales que ello genera.

La empresa ya anunció que irá a las instancias internacionales, lo que podría derivar en un reclamo de al menos 1.000 millones de euros –unos 1.660 millones de dólares—que es lo que vale la empresa en libros más las deudas de cartera.

En cambio, los políticos esperan que haya un nuevo operador que le inyecte $1.5 billones para la modernización de redes y hacer otros ajustes que se requieren para una operación normal de esta empresa que tiene más de 2 millones de usuarios cuyas quejas en 2016 superaron de lejos las que se recibieron contra EPM y Codensa.

La liquidación de esta empresa de capital español vuelve a poner de presente la visión diversa del país sobre los problemas estructurales que viven las regiones. A Bogotá le preocupa, con mucha razón, el mensaje para a inversión extranjera y las demandas contra la Nación. En la Costa celebran porque salen de una empresa que era sinónimo de pesadilla para usuarios, empresarios y mandatarios locales. No en vano el editorial de El Heraldo saluda así la decisión: “Hacen bien el Gobierno y la Superservicios en actuar en defensa de los intereses de los usuarios de la Región Caribe”.

El superintendente José Miguel Mendoza, ante todo un técnico serio, dio el paso que le ordena la ley tras concluir que “la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad”. Aunque parezca que fue una concesión a los políticos, el paso que sigue parece más complejo que la liquidación: garantizar la prestación del servicio, afrontar presiones del inversionista para que reverse la medida y ayudar a encontrar a un socio que se le mida a hacer una millonaria inversión en la nueva empresa porque el temor ahora es que se puedan cometer los errores de las dos décadas anteriores.

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