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GUATEMALA PUERTOS (Previsión)

Empieza a operar con polémica moderna terminal portuaria en Guatemala

La Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), una de las "más modernas de Iberoamérica", se inauguró hoy en Guatemala con la llegada de un buque de Hong Kong, mientras sigue empañada por un caso de sobornos no resuelto que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina.

El portacontenedores Safmarine Nokwanda atracó sobre las 14.40 hora local (20.40 GMT) y supuso la apertura oficial de las operaciones de esta portuaria del Pacífico, adjudicada originalmente por unos 255 millones de dólares.

En el marco del acto inaugural, cientos de personas protestaron y miembros de al menos tres sindicatos mostraron su oposición a que la terminal inicie sus labores por considerar que hubo "vicios en el contrato" de usufructo para su construcción.

Previo a esto, el interventor nombrado judicialmente para TCQ, Alexander Aizenstatd, dijo que su misión y función es "administrar la terminal y hacerla productiva", además de "garantizar que opere con transparencia", pero que en ningún momento busca esconder los posibles actos de corrupción anteriores.

"Yo no quiero esconder bajo la mesa o la alfombra los señalamientos de opacidad de lo que pudo haber sucedido aquí", dijo Aizenstatd, quien agregó que la terminal, una de las más modernas de Iberoamérica, está lista para operar, pues posee todos los permisos necesarios para ello.

El interventor volvió a reconocer este domingo que el estado financiero de TCQ sigue siendo "crítico" porque no está generando ingresos al no haber operado hasta ahora y su deuda asciende a 26,5 millones de dólares, una situación financiera que impide, por ejemplo, adquirir un equipo de rayos X que cuesta unos 6 millones.

Aizenstatd insistió en que la llegada de barcos va a permitir "oxigenar", pero admitió que no hay ningún indicio cercano que haga pensar que la situación financiera pueda cambiar para permitir, por ejemplo, la compra del equipo de rayos X para fiscalizar la mercancía.

El buque inaugural, propiedad de la empresa Maersk -un conglomerado de negocios internacional fundado en Dinamarca en 1904-, provenía de Panamá, tiene capacidad para 5.000 contenedores de 20 pies y tiene unas dimensiones de 266 metros de longitud por 37,5 metros de ancho.

Según las autoridades, se llevará 250 contenedores vacíos al puerto Lázaro Cárdenas, en México.

TCQ, ubicada en el municipio Puerto de San José, tiene a 84 colaboradores y según su interventor ofrece un mejor tiempo de respuesta, pues la entrega de contenedores pasará de durar días a solo 35 minutos.

Además, dispone de grúas especializadas para el manejo de contenedores -"únicas en el país"-, un gran equipamiento digital que permite un mayor control y fiscalización de aduanas, un sistema de seguridad digital multimedia para controlar el proceso, espacio de refrigerado para los contenedores y unificación de las oficinas.

La terminal, que tiene todos los procesos "automatizados", puede recibir buques de "altas dimensiones", de hasta 300 metros de eslora (longitud) y 48 metros de manga (ancho), por lo que representa una posibilidad de un "ahorro importante en costos de transporte marítimo".

La holandesa APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.

La ampliación, en el departamento sureño de Escuintla, empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.

La red de corrupción que surgió por las obras supuestamente estaba liderada por el exmandatario y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigieron a la empresa TCQ el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para adjudicar el proyecto.

La trama tiene en prisión preventiva a Pérez Molina y Baldetti, además de a otros funcionarios y empresarios, todos a la espera de saber si deben enfrentar un juicio por esta causa, que se descubrió en abril de 2016.

Varios diputados de la oposición han pedido que se declare nulo el contrato vigente y han exigido que tampoco se apruebe uno nuevo, que está presentado como iniciativa de ley en el Congreso y que ha sido apoyado por el actual presidente, Jimmy Morales.

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