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GUATEMALA JUSTICIA

Fundación de Menchú pide reconocer la Justicia indígena en Guatemala

La Fundación Rigoberta Menchú Tum pidió hoy al Congreso de Guatemala aprobar la creación de la jurisdicción indígena dentro de las reformas constitucionales que están en debate para que la Justicia "sea plural e incluyente".

La entidad, de la premio nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú, dijo en un comunicado que los pueblos indígenas han venido practicado un sistema de justicia ancestral que aún está vigente y que contribuye a la resolución de múltiples problemas para mantener "la paz social en las comunidades".

Son "prácticas arraigadas y de mucho respeto en diversas regiones del país", proclamó la entidad, que asegura que los pueblos originarios son portadores de una Justicia "que opera a partir de principios y valores donde el respeto a la dignidad humana es un principio universal de garantía, así como la igualdad, la justicia justa a partir de la verdad sobre los hechos".

"Este sistema opera con autoridades de reconocida honorabilidad por las mismas comunidades" y el Congreso tiene la oportunidad de establecer las bases sólidas de un sistema "plural e incluyente", porque los argumentos en contra son posicionamiento de "índole racista y discriminatorio", aseguró.

"?¡Sí a la Jurisdicción indígena!!", concluye la nota, no sin antes pedir a la ciudadanía alzar la voz para luchar por las reformas constitucionales y poner así fin a un país donde impera la "la impunidad y los privilegios sectoriales".

El Congreso de Guatemala pospuso el miércoles la aprobación de la jurisdicción indígena después de que el sector empresarial pidiera que no se diera el visto bueno a este artículo, incluido en las reformas constitucionales que se promueven desde el año pasado.

Las reformas, en cuya elaboración participaron más de 1.500 representantes de diferentes sectores desde abril pasado, deben ser aprobadas en el Congreso antes de ser sometidas a una consulta popular y además del reconocimiento a la jurisdicción indígena se incluye la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, es una de las más acérrimas defensoras de la necesidad de plantear estas modificaciones, que en total pretenden cambiar 25 artículos de la Constitución Política de la República.

Sin embargo, algunos sectores, como la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) ya se habían mostrado en contra de esta reforma, que a su juicio podría generar inestabilidad por integrar el régimen consuetudinario indígena a la normativa legal.

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