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Cormagdalena interviene a Navelena, el consorcio encargado de recuperar el río Magdalena

Navelena no presentó el documento para el cierre financiero del proyecto de canalización del Río Magdalena

Navelena no presentó el documento para el cierre financiero del proyecto de canalización del Río Magdalena / Colprensa/Archivo

Por un presunto incumplimiento en obligaciones en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, Cormagdalena inicia proceso administrativo sancionatorio contra Navelena, la firma encargada de la navegabilidad del río Magdalena.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de Cormagdalena, Gabriel del Toro, dijo que la decisión se tomó en una Audiencia que fue instalada por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones y multa del contrato APP de 2004 suscrito con Navelena SAS, en lo que se refiere a los indicadores de los niéveles de servicio en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla.

"Esta audiencia se instaló este jueves por presunto incumplimiento y multas a la concesión Navelena del contrato APP del Río Magdalena identificado, por la interventoría del mes de diciembre, respecto a la profundidad y ancho del canal navegable en la Unidad Funcional", dijo Toro.

Señaló que en esta sesión que se cumplió en Bogotá, las partes involucradas en este proceso administrativo sancionatorio: contratistas, aseguradoras e interventoría, presentaron sus descargos y aportaron las pruebas correspondientes al proceso.

La Audiencia fue suspendida para ejercer su derecho a contradicción frente a los documentos presentados durante la sesión. Se acordó que en la próxima audiencia que fue convocada para el 23 de febrero a las 3 de la tarde, se dará inicio a la etapa probatoria para incorporar las pruebas documentales y que dicten otras que sean contundentes para el proceso.

Gabriel del Toro, jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de Cormagdalena, advirtió que si efectivamente el 23 de febrero Cormagdalena identifica el incumplimiento se procederá a hacer efectiva la multa que correspondería a 10 salarios mínimos legales vigentes a partir de la fecha en la que se decrete el incumplimiento.