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ARGENTINA JUSTICIA

Fiscalía argentina investiga si Gobierno cometió delito en acuerdo con Correo

La Fiscalía de Argentina inició una investigación para saber si el Gobierno incurrió en un fraude a la Administración tras llegar a un acuerdo de cobro de deuda con una empresa de la familia del presidente Mauricio Macri que gestionó el correo oficial desde 1997 hasta su reestatización, en 2003.

"Decidimos formular una denuncia penal calificando la conducta como un eventual fraude en perjuicio a la Administración pública, más allá de un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública", explicó hoy a Futurock FM Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que integra la Procuración General de la Nación.

Esta situación se da luego de que la fiscal Gabriela Boquín acusó a la empresa que gestionó el Correo Argentino, entonces administrada por Franco Macri, padre del actual presidente, de actuar de "mala fe", poco después de considerar que existió posible conflicto de intereses en el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Estado y la compañía, para saldar una deuda pendiente desde 2001.

"La semana pasada la fiscal Boquín me hizo llegar un oficio con copias de sus dictámenes para que evaluemos si correspondía realizar algún tipo de actuación. Abrimos una investigación preliminar", añadió Rodríguez.

En el marco de esa "carpeta", el procurador señaló que desde la institución que encabeza se abrieron dos cursos de acción.

"El primero calificaba este acuerdo como inequitativo o abusivo para el Estado. Nosotros consideramos que tal cuestión podía llegar a ser constitutiva de delito penal", por lo que se decidió formular la denuncia.

Boquín había señalado que lo acordado entre el Gobierno y la compañía "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva".

Del análisis económico surge que la propuesta aceptada implica "una quita velada del orden del 98,82 %", de acuerdo al cálculo realizado por los representantes del Ministerio Público, añadió en su dictamen Boquin.

"Lógicamente esto hay que investigarlo. Ya había cuatro denuncias penales que se habían efectuado el día anterior y correspondería que se unifiquen estas denuncias en un solo juzgado y fiscal", añadió hoy Rodríguez.

Asimismo, recordó que se solicitó al procurador del Tesoro que inicie un sumario "para deslindar responsabilidades desde el punto de vista disciplinario y patrimonial de los funcionarios que actuaron en este acuerdo".

"Que se inicie una auditoría integral de todo el proceso concursal, de 2001 a la actualidad, para ver qué sucedió en estos 16 años y por qué el Estado no pudo cobrar aún", remarcó.

En 1997, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) se privatizó la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y quedó en manos de una de las empresas del progenitor del ahora jefe de Estado.

Sin embargo, en 2001, la sociedad entró en concurso de acreedores.

Dos años después, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda de la familia Macri con el Estado, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales.

En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de la viuda de Kirchner, Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y el Grupo Macri.

"Desde el punto de vista administrativo lo que pretendemos que se investigue es por qué en esta oportunidad esta propuesta sí fue aceptada y anteriormente propuestas similares, casi iguales, no lo fueron. Qué es lo que cambió en el medio", aseveró Rodríguez.

Por otra parte, desde el enfoque económico, el fiscal cuestionó que se aceptó una propuesta por el valor nominal con una tasa de interés que en principio "aparece baja".

"Es una cuestión que llama la atención y hay que investigarlo", afirmó.

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