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Personas con discapacidad deben recibir información para procedimientos anticonceptivos

El Ministerio de Salud tiene cuatro meses para expedir la reglamentación que garantice que las personas con discapacidad puedan acceder a la información.

Amparando los derechos de una menor de edad con síndrome de Down que fue sometida a un procedimiento de anticoncepción sin ser consultada previamente, la Corte Constitucional ordenó a las EPS abstenerse de realizar cualquier procedimiento de ese tipo a las personas con alguna discapacidad.

Para la sala se presume que todas las personas en situación de discapacidad pueden tomar decisiones de forma libre y autónoma, si se les brindan los apoyos y ajustes razonables para ello. Por eso, "es insostenible sustituir su consentimiento, sobre el supuesto de que no podrán tomar decisiones informadas en el futuro".

Por eso, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que en cuatro meses expidan una reglamentación que garantice que las personas con disparidad puedan estar informadas en lo que respecta a su salud y derechos sexuales y reproductivos.

"Que puedan tomar decisiones informadas en lo que respecta a su salud y, en especial, frente a los asuntos que involucran el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivas". Ordena la Corte que dicha información deberá publicarse en la página web de la entidad.