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CANADÁ JUSTICIA

Tribunal permite a guatemaltecos demandar a la empresa minera Tahoe en Canadá

El Tribunal de Apelaciones de la provincia canadiense de Columbia Británica rechazó hoy el intento de la compañía minera Tahoe de desestimar una demanda presentada contra la empresa por siete ciudadanos guatemaltecos.

Los siete guatemaltecos presentaron en 2014 en Canadá una demanda contra Tahoe por el ataque armado en abril de 2013 perpetrado contra un grupo de manifestantes y del que está acusado el que era entonces jefe de seguridad de la compañía, Alberto Rotondo.

En su decisión, el Tribunal de Apelaciones rechazó la decisión de una jueza que aprobó la petición de Tahoe de desestimar la demanda de los guatemaltecos, al entender que la justicia de Guatemala era el conducto más adecuado para resolver el caso.

"Concluyo que la juez erró al determinar que Tahoe había establecido que Guatemala era claramente un foro más apropiado que Columbia Británica para evaluar las peticiones de los demandantes", sentenció la jueza Nicole Garson, la vocal de la decisión.

Entre otras razones, Garson indicó que la magistrada que decidió en favor de Tahoe se equivocó al "ignorar el contexto de esta disputa y no sopesó suficientemente el riesgo de que los demandantes no recibirán un juicio justo en Guatemala".

Garson añadió que, sin juzgar en general el sistema legal guatemalteco, hay un "considerable riesgo" de que los demandantes no reciban "un juicio justo contra una poderosa compañía internacional cuyos intereses en Guatemala se alinean con los intereses políticos del estado guatemalteco".

Matt Eisenbrandt, director legal del Centro Canadiense para la Justicia Internacional (CCIJ, por sus siglas en inglés), declaró en un comunicado que "la histórica sentencia de hoy muestra que los tribunales canadienses están abiertos a las víctimas de abusos vinculados con compañías canadienses que operan en el extranjero".

"Pese a la falta de regulación por parte del Gobierno canadiense, esperamos que estos acontecimientos en los tribunales señalen el final de la impunidad corporativa en las violaciones de derechos humanos", añadió Eisenbrandt.

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