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Dónde está la bolita

¿La bandera anticorrupción pondrá presidente?

Pensar que la bandera anticorrupción le dará el triunfo al sucesor del presidente Santos suena más de romanticismo que de realidad. Es un discurso que vende en los medios, pero no le llega aún al grueso del elector.

Las primeras capturas, un ex viceministro y un ex senador, por los sobornos de más de 11 millones de dólares que entregó la brasileña Odebrecht para quedarse con unas licitaciones de obras públicas han desempolvado el debate sobre la corrupción en Colombia, pero además han servido para que ahora se plantee que ese será el tema más importante de la próxima campaña y por tanto quienes desde ya se quieren lanzar anuncian que ese será su caballo de batalla.

Todo estaría dado para pensar que llegó la hora de enfrentar la corrupción: hay un fiscal que está actuando con celeridad en el caso de Odebrecht; un contralor dispuesto a llegar al fondo en el tema de Reficar y se posesiona un procurador que ha anunciado que la lucha contra el robo de los dineros públicos será una de sus prioridades.

Los tres tienen credibilidad y podrían hacer un quiebre en la acción contra este flagelo que sacude cada rato al país, lleva ladrones de cuellos blanco a la cárcel pero se reproduce como las siembras de coca y puede costar al menos 5 puntos del producto interno bruto.

Sin embargo, el problema de la corrupción va más allá de una cruzada o de una proclama de campaña. Atraviesa tantos ramales del Estado que demanda un revolcón en toda su estructura.

Hacerla menos atractiva demandaría financiar las campañas locales en su totalidad; atacar a fondo la corrupción en el sistema de elección; desligar a los políticos de la participación en la burocracia del Estado; desmontar la politización de las “ías”; eliminar las dilaciones en los procesos judiciales y ser más expeditos en la presentación de pruebas; ejercer mayor control sobre los flujos de dineros en el sistema financiero; hacer transparentes las actuaciones de los funcionarios de los gobiernos local y nacional con los contratistas y ejercer mucho más control social sobre los contratos y no solo denunciar cuando se pierden.

Los congresistas, con pocas excepciones, hasta ahora se han mostrado reacios a hacer públicos sus relaciones de bienes y los funcionarios, cuando salen de sus cargos, omiten informar sus patrimonios.

Hoy hay más visualización de los hechos irregulares en las redes sociales y en los medios, pero también más mecanismos sofisticados para ocultar las fortunas o para burlar la justicia.

Pensar que la bandera corrupción le dará el triunfo al sucesor del presidente Santos tiene más de romanticismo que de realidad. Es un discurso que vende en los medios, pero no le llega al elector. Las encuestas no lo tienen como prioridad en cambio sí la seguridad ciudadana. Que Claudia López, Sergio Fajardo o Jorge Enrique Robledo lo planteen desde ya, es necesario para que haya otros reflectores sobre la agenda de campaña y no solo la paz, pero el lector del común, que sufre por el desempleo o la mala calidad de la salud, aún no ha interiorizado plenamente que si no se robaran la plata, esos servicios serían de mejor calidad.

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