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Iván Mejía y César A. Londoño


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PARAGUAY GOBIERNO

Exfiscal de caso Curuguaty renuncia como viceministro de Interior en Paraguay

Jalil Rachid, exfiscal del caso Curuguaty, la matanza que en 2012 provocó en Paraguay la muerte de 17 personas en un desalojo campesino y la destitución del presidente Fernando Lugo, renunció hoy como viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, cargo que asumió en enero de 2016.

Rachid renunció al cargo debido a que el permiso por un año que le concedió el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para ejercer su puesto en el Ministerio del Interior expirará en los próximos días, según declaró a los medios locales.

El fiscal, que ahora se reincorporará al Ministerio Público, fue nombrado viceministro del Interior en enero de 2016, mientras se desempeñaba en el juicio contra once campesinos acusados de la muerte de seis policías durante la masacre de Curuguaty, en la que murieron también once agricultores.

Su nombramiento fue criticado por organizaciones y activistas por los derechos humanos, que denunciaron que, desde el ministerio, Rachid pasaba a ser el jefe directo de los policías citados a declarar en el juicio como testigos de la masacre, lo que podía suponer presiones indebidas sobre ellos.

Rachid, encargado de la investigación del caso Curuguaty, formuló acusación contra los campesinos por la muerte de los agentes, pero nunca investigó el fallecimiento de los labriegos.

El fiscal acusó a los campesinos de homicidio en grado de tentativa, dado que admitió que no podía determinar cómo se produjeron las muertes.

Sin embargo, tras su entrada en el ministerio, los fiscales que lo sustituyeron en el juicio, Leonardi Guerrero, Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz, cambiaron la acusación por la de "homicidio doloso consumado", y con base en este cargo condenaron a cuatro de los acusados a penas de entre 30 y 18 años de prisión.

Otros cuatro labriegos fueron condenados a cuatro años de prisión y quedaron en libertad tras haber completado su pena desde su detención en 2012, mientras que tres mujeres fueron sentenciadas a seis años de cárcel, que cumplen bajo arresto domiciliario.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) recordó hoy que a Rachid se le atribuye una "investigación parcial" del caso Curuguaty, dado que ningún policía fue investigado por la muerte de los once labriegos, pese a los indicios de que durante el desalojo se cometieron ejecuciones arbitrarias y hechos de tortura.

También se responsabiliza al fiscal de la desaparición de pruebas como los casquillos de las balas disparadas durante la masacre o la filmación del helicóptero que sobrevoló el lugar de los hechos ese día, así como la introducción irregular de pruebas.

Además, Rachid dio por hecho en su investigación que las tierras donde se produjo la masacre, por cuya titularidad continúa litigando el Estado paraguayo, pertenecían a la empresa Campos Morombí, propiedad de los familiares de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La familia Riquelme está relacionada con Bader Rachid Lichi, otro dirigente del Partido Colorado, padre de Jalil Rachid.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y ahora gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo, quien fue destituido una semana más tarde en un juicio político denunciado como irregular por el Mercosur, la Unasur y organizaciones defensoras de los derechos humanos.