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MÉXICO VIOLENCIA

Comisión de Atención a Víctimas, ante reto de no ser "caja chica" de México

La burocracia y la falta de recursos han marcado, según organizaciones civiles, la tarea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la que señalan de haberse convertido en la "caja chica" del Gobierno mexicano, y que ahora enfrenta una reforma legislativa que tratará de hacerla más eficaz.

México, 9 dic (EFE).- La burocracia y la falta de recursos han marcado, según organizaciones civiles, la tarea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la que señalan de haberse convertido en la "caja chica" del Gobierno mexicano, y que ahora enfrenta una reforma legislativa que tratará de hacerla más eficaz.

A casi tres años de su constitución formal, el 8 de enero de 2014, la Comisión afronta una etapa de cambios, motivada por la reciente aprobación del Senado a los cambios de la Ley General de Víctimas con los que, según los parlamentarios, se "flexibilizarán" los mecanismos de acceso a la reparación integral.

Y es que la institución ha sido frecuentemente señalada por las organizaciones civiles como una institución que privilegia lo burocrático, resalta a Efe el abogado Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Para acceder a los apoyos es necesario estar dado de alta en el Registro Nacional de Víctimas, para lo cual se solicitan documentos como el acta de nacimiento, que no siempre están disponibles fácilmente para las familias porque algunas viven lejos de sus localidades natales.

La falta de asesores jurídicos a nivel nacional y local también es recurrente, por lo que las víctimas no alcanzan la asesoría que necesitan en términos legales, proclama Cortez, quien pone como ejemplo que en las delegaciones de algunos estados solo hay "una o dos personas".

Aunque fue ideada para "reparar de manera integral a las víctimas", la CEAV se ha convertido en "una especie de caja chica del Gobierno para pagar a las víctimas de violaciones de derechos humanos", sostiene por su parte José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

A finales de octubre, la CEAV, encabezada por Julio Hernández, logró esquivar una de sus críticas recurrentes al autorizar medidas de apoyo a dos víctimas directas y de sus familiares sin que se hubiera emitido una sentencia judicial o una declaratoria de víctima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), requisito que entorpecía la concesión de los recursos.

Aunque esto podría suponer un precedente a favor de las víctimas, Cortez se muestra escéptico y señala que la Comisión dio un "trato diferenciado" al caso -sobre dos miliares fallecidos en un ataque- para rebatir las críticas del funcionamiento del mecanismo.

Ante la reforma aprobada, Guevara defiende que el problema no está en la ley, sino en cómo se aplica y en el liderazgo de la Comisión Ejecutiva.

"Los funcionarios (...) han hecho que toda la atención a víctimas estén sujetas a reglas burocráticas, en lugar de pensar en el mejor interés de las víctimas y hacerles la vida fácil", indica.

"No era necesario una reforma a la ley, era necesario que los burócratas actuaran conforme a la ley; están queriendo resolver un problema que generaron desde la misma burocracia", sentencia el abogado.

La reforma incluso obtuvo críticas dentro del propio organismo, porque tras la aprobación de la reforma la comisionada Susana Pedroza presentó su renuncia, aludiendo que la modificación a la ley es "regresiva" y que hay un uso interesado de los recursos de la institución.

Uno de los grupos de víctimas que ha sufrido más los obstáculos de la CEAV son las de desplazamiento forzado por motivos de violencia, que -según los datos de la CMDPDH- son cerca de 280.000 en todo el país.

La ley no recoge este concepto, sino que habla de "desplazamiento interno", que abre las puertas a una interpretación ambigua y no reconoce a estas víctimas, porque las autoridades argumentan que "no hay un conflicto armado" en el país, apunta Guevara.

Una de estas víctimas es Jacob Ponce, quien tuvo que salir con su familia del estado norteño de Chihuahua después del asesinato de uno de sus hijos, amenazas de muerte y secuestros.

El sentimiento de la familia es de desprotección, ya que las instancias de justicia a las que acudieron mantenían una complicidad con los grupos delictivos; tampoco pueden vender sus propiedades para obtener recursos, porque han quedado en manos de la delincuencia organizada.

Por otra parte, "en la CEAV no han hecho más que ponernos trabas", relata a Efe.

Sí se les ha proporcionado apoyo puntual para desplazamientos cuando tienen que ir a la capital, pero no para los "principios fundamentales de seguridad, salud y educación", ni se ha contado con la reparación del daño "emocional, económico, no hay respuesta y los delincuentes andan (en su municipio) todavía".

En ocasiones les han llevado un médico para tomarles la presión y la temperatura, y darles recetas para comprar medicamentos.

"Hacen como que hacen pero no están haciendo nada, así son los funcionarios públicos del Gobierno federal", acotó Ponce.

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