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GUATEMALA JUSTICIA

Comisión parlamentaria avala reforma al sector Justicia de Guatemala

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guatemala presentó hoy el informe que avala una iniciativa de ley para reformar la Constitución del país en materia judicial.

La entidad parlamentaria, presidida por el diputado opositor Oliverio García Rodas, asegura en su escrito que la reforma es "procedente" y que, por tanto, debe ser aprobada en el pleno para mejorar el sistema de administración de Justicia.

"El informe se presentó y la iniciativa de ley debe ser conocida y aprobada por el pleno como cualquier otra propuesta", comentó García, del bloque Movimiento Reformador.

El reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia son los ejes sobre los que gira la reforma.

El diputado Juan Ramón Lau, de la también bancada opositora Todos, avanzó este jueves que su partido apoyará esta iniciativa de ley, consensuada en un diálogo nacional que inició el pasado mes de abril y que se entregó en el Congreso en octubre.

El dictamen de opinión presentado por la Comisión también expone que debido a la importancia de lo propuesto, el pleno deberá conocer el tema en sesiones convocadas especialmente para ello y como único punto de agenda, separando las sesiones ordinarias o extraordinarias que traten otros asuntos.

Para su aprobación es necesario el voto a favor de 105 diputados de los 158 que constituyen la cámara.

Más de 1.500 representantes de diferentes sectores participaron desde abril pasado en las mesas de trabajo para pactar la reforma, cuyo documento final, tras ser aprobado en el Congreso, será sometido a una consulta popular.

La fiscal general, Thelma Aldana, es una de las más acérrimas defensoras de la necesidad de plantear estas modificaciones, que en total pretenden cambiar 25 artículos de la Constitución Política de la República.

Algunos sectores, como la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) y la cúpula empresarial del país, se han mostrado en contra de esta reforma, que a su juicio podría generar inestabilidad por integrar el régimen consuetudinario indígena a la normativa legal.

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