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EL SALVADOR D.HUMANOS

General salvadoreño prófugo por masacre jesuitas es imputado por otra en 1981

El general salvadoreño Juan Rafael Bustillo, prófugo por la masacre de 5 jesuitas españoles en 1989, también está imputado por la matanza de cerca de 1.000 campesinos de 1981, de acuerdo con una resolución judicial a la que Efe tuvo acceso hoy.

El pasado 30 de septiembre, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del occidental departamento de Morazán, ordenó la "reapertura" de juicio por la masacre de El Mozote y la "continuidad de la instrucción penal" contra Bustillo y otros nueve militares del alto mando de la época.

Lo anterior fue como "consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993" dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el 13 de julio pasado.

De acuerdo con la resolución, Bustillo se desempeñó como "comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador" entre octubre de 1970 y diciembre de 1989.

"Los militares acusados" por la masacre de El Mozote "tienen calidad de imputados" y "deberán ser citados a efecto de informarles los hechos que se les atribuyen, los derechos que les asisten y para que rindan su declaración indagatoria", reza el documento emitido por el juez Jorge Alberto Guzmán Urquilla.

Dicho general también es requerido por la Audiencia Nacional de España por la matanza de los sacerdotes jesuitas y sobre él pesa una orden internacional de captura.

A él se suman otros 11 militares prófugos, quienes, según sus familiares, "no se van a entregar" a las autoridades salvadoreñas para someterse al proceso de extradición a España; y cuatro a los que la Corte Suprema se negó a extraditar este año, de los cuales uno está detenido mientras se decide si debe cumplir una condena de 1992.

Bustillo formó parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como "La Tandona", que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra civil salvadoreña e implementaron la estrategia contrainsurgente de "tierra arrasada".

Dicha estrategia, aplicada principalmente en el occidente salvadoreño, generó el desplazamiento masivo de campesinos, conocidos como "guindas", para evitar ser asesinados por el Ejército.

Este mismo martes, Wilfredo Medrano, de la no gubernamental Tutela Legal "María Julia Hernández", informó que se reiniciará el próximo 14 de noviembre las exhumaciones de al menos 50 víctimas de la masacre de El Mozote con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las exhumaciones se realizarán en "cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)" que condenó al Estado salvadoreño en 2012.

"Lo que esperamos es que esto no quede impune, que no se quede solo a nivel de la recuperación de los restos" porque la sentencia de la resolución de la CorteIDH "habla de responsabilidad penal e intelectual, no solo de los ejecutores, sino de funcionarios que obstaculizaron las investigaciones", acotó.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del elite Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.

Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de este país, financiado por los Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000.

En 1992 el EAAF exhumó unos 400 cuerpos, principalmente de niños, de las cerca de 1.000 víctimas civiles que se estima fueron asesinadas por el Ejército.

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