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Darío Arizmendi

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Corte Constitucional pide mejorar políticas de educación para víctimas de desplazamiento

Señaló que parte de la reparación consiste en brindarles salud, educación y vivienda

Catorce años han pasado desde que la Corte Constitucional ordenó al Gobierno crear y adoptar políticas tendientes a solucionar los problemas de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.  

Sin embargo, en el más reciente auto de seguimiento, la corporación judicial cuestionó los problemas que han tenido menores de edad víctimas del conflicto para acceder a la educación.

No obsta para que esta Sala Especial llame la atención al Ministerio de Educación y a la Unidad para las Víctimas, en el sentido de que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda activa de menores de edad desplazados que aún se encuentran por fuera del sistema educativo, y que se encuentran ubicados en zonas con alertas tempranas o en zonas que, pese a que no cuentan con estas alertas, en ellas se cierne amenazas y peligros para los niños y niñas generados por actores armados, entre ellos, el riesgo de desplazamiento” señaló la Corte.  

Por ello recordó que la educación de los niños y niñas, hace parte del mínimo prestacional que debe garantizar el Estado a los menores desplazados por el conflicto, por lo que lamentó que los altos costos educativos es una de las barreras que restringen el acceso a la educación.

“Esta Sala Especial observa que el Gobierno Nacional no especificó los resultados de las iniciativas enunciadas para la población desplazada. En particular, aunque destaca los lineamientos generales de la Circular 30 de 2014, e indica que brinda asistencia técnica a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales con mayor concentración de personas víctimas, no precisa los resultados obtenidos como resultado de esta asistencia, en términos de identificación y vinculación de niños y niñas desplazados que cuentan con un cupo escolar” agrega. 

Agregó que otro punto es el hecho de que persisten problemas en las ayudas y los apoyos complementarios -transporte, ayuda alimentaria, kits, útiles y uniformes escolares- en las zonas rurales y de difícil acceso. Por lo que cuestionó que no se tenga una cifra y perfiles claros de los menores víctimas que no están estudiando.

“No han logrado generar resultados para mejorar el acceso al derecho a la educación por parte de los menores de edad desplazados que aún no se han vinculado al sistema escolar. Las limitaciones en los resultados se observan especialmente en persistencia de barreras para el acceso a un cupo escolar y a la continuidad de la prestación del derecho a la educación en las entidades territoriales que enfrentan situaciones de emergencias humanitarias generadas por el conflicto armado y la violencia generalizada.

Además, tal como fue advertido con anterioridad, persisten problemas en las ayudas y los apoyos complementarios -transporte, ayuda alimentaria, kits, útiles y uniformes escolares- en las zonas rurales y de difícil acceso. Frente a estos vacíos aún no es posible entrever en la respuesta institucional la adopción de los correctivos necesarios para impulsarlos” puntualizó.