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COSTA RICA DÉFICIT (Análisis)

Reforma fiscal toma forma en Costa Rica aunque falta espinoso tema tributario

La reforma fiscal que impulsa el Gobierno del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, comienza a tomar forma tras el avance en el Congreso de varios de sus componentes, el último una iniciativa para combatir el fraude fiscal, pero aún le queda un largo camino a las propuestas que suben impuestos.

San José, 9 sep (EFE).- La reforma fiscal que impulsa el Gobierno del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, comienza a tomar forma tras el avance en el Congreso de varios de sus componentes, el último una iniciativa para combatir el fraude fiscal, pero aún le queda un largo camino a las propuestas que suben impuestos.

El déficit fiscal de Costa Rica, que en 2015 cerró en un 5,9 % del Producto Interno Bruto (PIB), ha sido la piedra en el zapato de la economía del país desde el año 2008.

El jueves el Congreso aprobó en la primera de dos votaciones la Ley contra el Fraude Fiscal, la cual busca combatir la evasión fiscal, una ilegal práctica que asciende al 8 % del PIB según cálculos oficiales.

Esta ley, a la que se opone solo el partido derechista Movimiento Libertario, crea un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas que podrá ser accedido por las autoridades para investigar fraudes fiscales.

Además, las autoridades podrán ejercer embargos y congelar bienes en procesos de investigación.

"Esta aprobación es importante porque como país damos señales de ser una nación que en materia de transparencia fiscal está a la vanguardia", declaró el vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas.

Según el Gobierno esta ley le permitirá a Costa Rica cumplir estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado, el financiamiento al terrorismo y el narcotráfico.

La ley también obliga a las personas físicas o jurídicas a aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito o débito.

Este es uno de los proyectos del paquete de reformas que impulsa el Gobierno de Solís y antes de su segunda votación fue enviado a consulta de la Sala Constitucional, que podría emitir su criterio dentro de un mes.

El año pasado también fue aprobado un proyecto para combatir el contrabando, el cual reduce el umbral de punible de 50.000 dólares a 10.000 dólares.

Además, esta ley establece penas de prisión de tres a diez años para quien cometa delitos aduaneros o comercie ilícitamente con bienes.

Otra iniciativa que fue aprobada en 2016 es una que rebaja los montos de las pensiones más elevadas a cargo del presupuesto nacional consideradas "de lujo".

El Congreso también ratificó en 2016 la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos, que impone un plazo de dos años para que las instituciones utilicen los saldos contables.

Pero el camino para los proyectos que buscan aumentar impuestos aún parece largo, pues parte de la oposición le exige al Gobierno primero reducir gastos y otra parte de opone rotundamente a más tributos.

En el Congreso hay un proyecto de Ley de Empleo Público, impulsado por partidos de oposición, que busca reducir pluses y beneficios salariales en el sector público y homologar las diversas escalas salariales que existen en las instituciones del Estado.

Este proyecto es rechazado por los sindicatos del país, que anunciaron una huelga general en caso de que el texto muestre avances en el Congreso.

En el otro lado de la acera están las iniciativas del Gobierno para convertir el impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) del 15 %, así como otro para introducir la renta global y otras modificaciones en el impuesto de la renta.

Estos dos proyectos generarían al Estado ingresos frescos por el orden cercano al 2 % del PIB.

El otro proyecto polémico que estudia el Congreso es el de Impuesto a las Personas Jurídicas, el cual crea un tributo que debe ser pagado por las sociedades anónimas.

Los Gobiernos de los expresidentes Abel Pacheco (2002-2006), Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014) intentaron, sin éxito tramitar reformas fiscales para aumentar los ingresos del Estado, pero con déficit y deuda menores que en la actualidad.

A un año y medio de que concluya su mandato, el Gobierno de Luis Guillermo Solís confía en que el paquete de leyes será aprobado como respuesta al déficit y al nivel de deuda del país, que en 2016 cerrará en cerca del 46 % del PIB.

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