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MÉXICO CORRUPCIÓN

Supremo anula leyes anticorrupción que protegían a dos gobernadores mexicanos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró hoy inconstitucionales las leyes anticorrupción de los estados mexicanos de Veracruz y de Chihuahua al considerar que fueron aprobadas antes de decretarse una legislación federal como protección para sus autoridades locales.

Ambas legislaciones quedaron invalidadas con el voto unánime de los ministros bajo el argumento de que su ajuste y adecuación está condicionada a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este mecanismo, decretado el 27 de mayo de 2015, estableció en sus artículos transitorios que las legislaturas estatales deben hacer las adecuaciones a sus leyes en un plazo de 180 días después de la entrada en vigor de las generales.

El Ejecutivo mexicano publicó el pasado 6 de julio el decreto de las leyes general del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) impugnó ante la Corte la inconstitucionalidad de estas leyes de los estados de Veracruz y Chihuahua al señalar que en la lucha anticorrupción no puede haber excepciones "ni legislaciones locales a modo".

Veracruz estableció la creación de una fiscalía anticorrupción y de una sala especializada en la materia en el Poder Judicial estatal, medidas señaladas como un protección al gobernador Javier Duarte, quien dejará el cargo el 30 de noviembre y que al conocer el recurso iniciado por la PGR las dejó en suspenso.

Duarte dio marcha atrás a una decisión que significaba la creación de una estructura anticorrupción con allegados suyos en los puestos clave.

El Congreso y el gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien dejará el cargo este 4 de octubre, emitieron una reforma para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción sin esperar la publicación de las leyes generales del SNA.

Las iniciativas aprobadas en Veracruz y Chihuahua han sido descritas por la oposición como paquetes de impunidad para sus gobernadores salientes.

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