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CENTROAMÉRICA D.HUMANOS (Previsión)

AI pide a Honduras y Guatemala más voluntad y protección para ambientalistas

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy voluntad política a Honduras y Guatemala para reconocer la legitimidad que tiene la labor de los defensores del medio ambiente y la tierra, y así garantizar su protección y el cese de la violencia que los afecta.

Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió hoy voluntad política a Honduras y Guatemala para reconocer la legitimidad que tiene la labor de los defensores del medio ambiente y la tierra, y así garantizar su protección y el cese de la violencia que los afecta.

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, dijo a Efe que con la voluntad suficiente se pueden implementar medidas "efectivas" para la protección de los defensores, pero que sin ella, "poco se puede hacer".

"Tienen que haber cambios estructurales en las políticas publicas, (se) tiene que empezar por una voluntad de las autoridades al más alto nivel de reconocer el importante rol que tienen los defensores y defensoras de la tierra en la protección de los derechos de todos", subrayó.

Enfatizó que los Estados tienen "la obligación de proteger" a sus defensores e "investigar" los ataques y la violencia de la que son víctimas.

Pero además, de hacer que las empresas nacionales y trasnacionales respondan "ante posibles abusos de los derechos humanos que cometen en la implementación y ejecución de proyectos de desarrollo" en comunidades rurales o indígenas.

Guevara-Rosas expresó además su preocupación por la impunidad de los asesinatos de defensores de la tierra en Honduras y Guatemala, donde en 2015 murieron violentamente 18 activistas.

"La impunidad no es sólo una consecuencia de estos atroces crímenes, también es una causa, es decir, la impunidad ha logrado un circulo vicioso que no tiene fin", por lo que los activistas son asesinados y "no ven justicia" porque las investigaciones son "parcializadas para beneficiar los intereses económicos", subrayó.

Las autoridades guatemaltecas y hondureñas tiene ahora "una oportunidad" para redireccionar sus esfuerzos para mejorar la justicia y garantizar que estos "crímenes no volverán a repetirse", señaló la directora de AI para las Américas, que presentó hoy en Tegucigalpa el informe "Defendemos la tierra con nuestra sangre", que expone la situación de los activistas en ambos países.

Además puso como ejemplo el asesinato a tiros en su casa, en marzo pasado, de Berta Cáceres, la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), por el que Amnistía todavía "sigue reclamando justicia".

Pese a la detención de 5 sospechosos por el crimen de Cáceres, Guevara-Rosas dijo que los esfuerzos del Gobierno hondureño "siguen siendo insuficientes" porque "no se atacan de manera estructural las causas y las razones del asesinato" de la líder indígena, quien tenía medidas cautelares a su favor ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2015.

Agregó que el estigma y la criminalización que sufren los ambientalistas es el resultado de "la falta de atención de los Estados" y de las autoridades que de "alguna manera alimentan estas campañas".

Aplaudió la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, en abril de 2015, pero aseguró que eso solo es un "esfuerzo retórico" y, por tanto, "continúa siendo insuficiente para generar un cambio significativo".

La respuesta de los Estados debe ser "más integral" y que permita generar condiciones para que los activistas puedan realizar su labor sin riesgos, añadió.

En el informe, Amnistía señala que "crear un contexto favorable en que las personas defensoras desarrollen sus actividades sin temor a sufrir represalias es parte de los compromisos asumidos por los Estados".

Ariadna Tovar, investigadora sobre personas defensoras de los derechos humanos en las Américas, dijo a Efe que es "crítica" la situación que atraviesan los defensores de la tierra en Honduras y Guatemala, donde muchos activistas tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pero los Gobiernos no las atienden.

Por ello, Tovar hizo un llamamiento al Estado hondureño a "implementar efectivamente" esas medidas a favor de los activistas y que "se haga justicia" en los casos de agresiones a esas personas.

Aseguró que en Guatemala la situación también es "crítica", pero además han detectado que las autoridades realizan "una campaña de estigmatización muy fuerte" contra los defensores, quienes son llamados "terroristas y aliados del narcotráfico".

Los activistas son expuestos a "muchas vulnerabilidades", pero también a procesos judiciales "infundados" para "hostigar y acosar" a los defensores por realizar su labor, enfatizó Tovar.

Además recomendó a los Estados de Honduras y Guatemala castigar a los responsables de los asesinatos de ambientalistas y que se mejoren los mecanismos de protección.

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