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ARGENTINA CORRUPCIÓN

Denuncian desvíos de fondos estatales para vivienda a alcaldes argentinos

La Oficina Anticorrupción de Argentina denunció hoy supuestos desvíos de hasta 5 millones de pesos (unos 333.000 dólares) destinados a un programa de viviendas de la norteña provincia de La Rioja que presuntamente fueron derivados a seis cuentas de alcaldes y candidatos a puestos públicos.

Según la denuncia de la Oficina Anticorrupción, el 22 de mayo de 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir II" inyectó 3 millones de pesos (200.000 dólares) a la fundación Nuevo Atardecer, que ese día realizó transferencias a seis cuentas de alcaldes y candidatos de la provincia.

Un mes más tarde se repitió la operación en la tercera etapa del programa, cuando se desviaron a las mismas cuentas bancarias 2 millones de pesos (133.000 dólares) de los 14 (933.000 dólares) presupuestados para obras de mejora de viviendas en el Barrio Hospital de la capital provincial.

"Se transfirieron fondos nacionales por casi cinco millones de pesos a una fundación de un año de antigüedad, sin movimientos bancarios y ni antecedentes en construcción, que entregó dichos fondos a candidatos a ocupar cargos políticos", reza la denuncia firmada por la titular de la oficina, Laura Alonso.

Además, la denuncia habla de réplicas de este mecanismo de desvío hacia otras fundaciones: "Se utilizaba el dinero público para viviendas a fin de que éste tuviera por destino el patrimonio de funcionarios públicos provinciales o diputados nacionales", añade.

El documento, difundido a la prensa por la Oficina Anticorrupción, apunta a la presunta responsabilidad del entonces ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que dirigía Julio de Vido -actualmente diputado nacional-, ya que, sostiene, la cabeza de la cartera supuestamente gestionaba tanto el diseño de los planes federales como su administración.

Para la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Planificación tuvo la posibilidad de promover la modificación de las condiciones de los contratos, cancelarlos y denunciar los "desvíos evidentes".

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