El Gobierno responde a las 60 preguntas del procurador sobre el proceso de paz

El informe conocido por Caracol Radio, fue firmado por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, remitido al Congreso, y da respuesta a las 60 preguntas que formuló el procurador, Alejandro Ordóñez sobre el proceso de paz, que se remitió a través del representante a la Cámara, Santiago Valencia. 

Uno de los temas más importantes es la ley de amnistía, que de acuerdo con el gobierno se deberá tramitar luego del plebiscito para la refrendación del acuerdo. 

En el documento de 21 páginas se entregan detalles sobre el funcionamiento de las zonas donde se ubicarán los desmovilizados de las Farc, los alcances del trabajo que adelantarán las Naciones Unidas en el posconflicto, que pasará con los recursos que las Farc tienen en su poder, la ley de amnistía y el futuro de las milicias de la guerrilla entre otros temas. 

Frente a las inquietudes manifestadas por el procurador Ordóñez, que se transmitieron a través del Congreso, sobre las zonas de concentración y las competencias de las Naciones Unidas, se aclara que la fuerza pública y las instituciones del Estado, incluyendo a los organismos de control tendrán acceso a estos territorios. 

Sobre la pregunta si la ONU tendrá facultades para investigar si las Farc guardan armas, las venden o traspasan, se recuerda que es una conducta prohibida en los protocolos y la misión de la que Naciones Unidas hace parte podrá hacer la verificación.

En el tema de la reintegración de los guerrilleros, se aclara que el tema está en negociación aún en la mesa de La Habana, sin embargo, se precisa que “la ubicación de las Farc en las zonas y puntos transitorios de normalización es el primer paso para el tránsito a la legalidad de todos sus integrantes, incluidas las milicias. Lo que confirma que estos integrantes harán parte del proceso de desmovilización. 

Se aclara además, que la fuerza pública continuará combatiendo todas las formas de ilegalidad y advierte que en caso de que “integrantes de las Farc continúen delinquiendo, las autoridades judiciales del Estado conocerán de estos eventuales delitos y la Misión verificará si configuran una violación a los acuerdos”, de manera que responderán ante la justicia ordinaria. 

Sobre las 290 personas que están autorizadas para salir de las zonas ubicación, se precisa que lo harán con el acompañamiento de la fuerza pública y no podrán hacer proselitismo político, ni siquiera a favor del plebiscito por la paz. 

Menciona que en los próximos días se dará a conocer la decisión final sobre la ubicación de las zonas, los puntos y sus características. 

Anuncia el Gobierno que frente a la Ley de Amnistía, su trámite “debe surtirse tras la refrendación popular del acuerdo final, esto sería después del plebiscito por la paz. Incluirá que no serán objeto de este beneficio los que hayan cometido delitos de lesa humanidad. 

En cuanto a la polémica de que pasará con la “riqueza ilícita” de las Farc, se precisa, “con respecto a los bienes, en el punto cinco de la agenda se acordó que como organización, las Farc se comprometieron a la reparación material de sus víctimas, y en general a su reparación integral”. 

Sobre los temas de seguridad para las Farc y las preocupaciones por los cuerpos de seguridad para los desmovilizados, se aclara que el acuerdo no contempla ni promueve “formas asociativas de seguridad privada como las ‘guardias campesinas’”. Se establecen si, mecanismos de participación ciudadana con programas para el posconflicto. 

Frente a las preocupaciones sobre la “revisión de antecedentes” a los servidores públicos, el Gobierno entrega un mensaje de tranquilidad, afirmando que no se realizará una “purga” en las Fuerzas Armadas, como lo sugería el procurador. 

Así mismo, afirma que la Comisión Nacional de Garantías que presidirá el jefe de Estado, no va a tener injerencia en la estructura de las Fuerzas Armadas, ni competencia para ningún tipo de reforma institucional. Realizará una serie de recomendaciones para elevar el desempeño de instituciones con miras a combatir a las organizaciones criminales. 

Además aclaran que los grupos y el personal de escoltas solo tendrán funciones de seguridad protectora en persona individual, y por ningún motivo ejercerá funciones de seguridad sobre territorios. 

Tampoco se crearán cuerpos armados para los territorios a los que se reincorporarán los desmovilizados de las Farc, ni los operadores de seguridad realizarán ningún tipo de actividad en ese sentido.