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Defensoría advierte preocupante impacto ambiental de las hidroeléctricas en Colombia

Modificaciones en las licencias ambientales, vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades y afectación a las fuentes hídricas, hacen parte de los hallazgos.

Colprensa/Archivo

Un diagnóstico basado en la perspectiva de los derechos humanos y el impacto ambiental de los proyectos de generación hidroeléctrica en el país, elaboró la Defensoría del Pueblo a partir del estudio focalizado de ocho de ellos, ubicados en siete departamentos del país.

Se trata de los complejos de Betania, Chivor y El Guavio, los cuales tienen 10 años de funcionamiento con base en las variables de operador, tiempo de operación y localización, así como Porce III, Amoyá, La Esperanza, Sogamoso y El Quimbo (con menos de 10 años), al igual que Ituango (el cual se encuentra en etapa de construcción).

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Defensoría son las repetitivas modificaciones a las licencias ambientales (LA) y a los planes de manejo ambiental (PMA) que registran las hidroeléctricas. La que más reportes acumula es El Quimbo, con un récord de 117 modificaciones, Amoyá con 14, Ituango (que pese a estar en alistamiento y tener una influencia sobre 11 municipios de Antioquia) completa 13 modificaciones, Porce III con 11 novedades, Betania con 10 y Sogamoso con nueve en total.

El informe de la Defensoría del Pueblo advierte falta de planificación y vulneraciones en el derecho a la participación de las comunidades, puesto que en la mayoría de estos proyectos lo ejecutado es distinto a lo concertado, ello además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la Ley.

Para el organismo de control resulta claro que el seguimiento y control de las autoridades competentes en esta materia es insuficiente, y ello se traduce en circunstancias reveladoras como la emisión de olores ofensivos por acumulación de biomasa (lo cual es absolutamente prevenible), la infiltración y pérdida de fuentes hídricas superficiales y subterráneas con el consecuente resecamiento de la tierra y la disminución de la productividad (así se observó en Amoyá Porce e Ituango), y la asimetría entre las condiciones sociales de las comunidades y los criterios de responsabilidad social y transferencia a los entes territoriales que le asiste a las empresas generadoras.

Lo anterior resulta relevante si se tienen en cuenta aspectos como el contraste entre el área necesaria para producir un megavatio de energía y el número de personas que es necesario desplazar para generar ese mismo megavatio en la zona donde se ubique el proyecto. Por ejemplo, en el caso de El Quimbo, se requieren 20,6 hectáreas y tienen que reasentarse 3,8 personas en promedio.

A partir de estos hallazgos, la Defensoría planteó 14 recomendaciones puntuales a ocho instituciones del Estado, incluidos los Ministerios de Minas y Energía, y Medio Ambiente, a la vez que solicitó el concurso de la Contraloría General de la República para revisar la destinación de los recursos que van a las Alcaldías y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Cabe agregar que la capacidad estimada de generación de las hidroeléctricas objeto del estudio, es la siguiente: Ituango (2.400 El Guavio megavatios- MW), El Guavio (1.213MW), Chivor (1.000 MW), Sogamoso (820MW), Porce III (660MW), Betania (540MW), El Quimbo (400MW) y Amoyá (80 megavatios).