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EL SALVADOR JESUITAS (Ampliación)

Supremo salvadoreño niega extradición a España de militar por caso jesuitas

La Corte Suprema de El Salvador negó la extradición a España de uno de los cuatro militares detenidos por la masacre de cinco padres jesuitas españoles en 1989, y la decisión sobre otros tres uniformados está "en la misma ruta", aseguró hoy a Efe el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.

"Hubo unanimidad" de los 15 magistrados, en una reunión de Corte Plena celebrada "ayer (martes), en la decisión" de no extraditar a España al coronel Guillermo Benavides, quien ahora deberá completar una pena de 30 años de prisión que había quedado suspendida, aseveró el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo.

Añadió que el caso los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, "está en la misma ruta" de negar la extradición por los crímenes cometidos en el marco de la guerra civil (1980-1992), y por los que otros 12 acusados se encuentran prófugos.

El pasado 5 de febrero las autoridades salvadoreñas procedieron a ejecutar las órdenes de captura contra 16 militares, ubicados en El Salvador, que son requeridos por la Audiencia Nacional de España por la masacre de los religiosos, no obstante, solo fueron detenidos cuatro.

Uno de los elementos que "coadyuvó" a la negativa, sostuvo Ramírez Murcia, fue la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional.

"En este caso desaparecía el sustento (de la justicia española) de que había impunidad" por la existencia de la Ley de Amnistía, pero anulada ésta, "queda en manos de las autoridades fiscales (salvadoreñas) la persecución o esclarecimiento" del hecho, explicó.

Por otra parte, reveló que con los votos de 11 magistrados se decidió que el coronel Benavides "debe pasar a un centro penal a cumplir la pena" de 30 años impuesta en un juicio realizado por la masacre entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte.

"No está ya protegida esta persona por la amnistía, por la inconstitucionalidad (de la ley), consecuentemente esta persona vuelve a su estado jurídico del momento en el que fue beneficiado por la amnistía", explicó.

Detalló que otro de los aspectos analizados fue la sentencia del 2012 en la que la Corte negó por primera vez el envío de 13 imputados a España, bajo el argumento de que la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales cuando se perpetró la matanza.

"Se logró, por mayoría, advertir que aquello fue un tratamiento muy superficial, casi infundado, y los argumentos que dieron fueron equivocados desde el punto de vista de esta Corte", acotó.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.

En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.

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