Las pretensiones de las Farc para su reintegración

En sus propuestas iniciales la guerrilla plantea una serie de condiciones que parecerían imposibles de cumplir para el Estado colombiano y de aceptar por parte de quienes se oponen al proceso de paz.

Si bien se trata de ideas que deben aterrizarse y depurarse durante las discusiones en la mesa de La Habana, sorprende la minucia con la que la guerrilla habla de las nuevas instituciones que deberían crearse y de los derechos que adquirirían automáticamente quienes dejen las armas.

Programas de salud, educación, formación universitaria, atención psicológica, beneficios pensionales, capacitación para el trabajo, inclusión laboral, cooperativas e incluso financiación para todos sus programas de formación política fueron incluidos en la primera propuesta que llegó a manos del Gobierno, pero que será reformulada por parte de las Farc en los próximos días.

Allí se plantea el acceso gratuito de todos los excombatientes y sus familias a programas gubernamentales , además de asignación de predios, vivienda gratuita, entrega de alimentos y beneficios para sus veteranos o licenciados de guerra como denominan a los guerrilleros con más de 60 años, quienes inmediatamente dejen las armas recibirían pensión de parte del Estado.

En materia de participación política proponen acceso de manera directa una vez dejen las armas a 10 curules en el Senado, una curul en la Cámara por cada departamento donde demuestren su presencia efectiva y dos cupos en Asambleas y Concejos.

Su nuevo movimiento político recibiría personería jurídica, financiación estatal y garantías de participación efectiva hasta el año 2030, dejando claro que no estarán sometidos a la reglas de umbral o votos obtenidos para la reposición o mantenimiento de su reconocimiento como partido. Piden además acceso a medios de comunicación propios en radio, televisión y prensa.

El eje principal de la propuesta gira en torno a los denominados Terrepaz, que serían la evolución de las zonas de ubicación y donde las Farc iniciarían su tránsito a la vida civil luego de que sean reincorporados a las bases de datos del estado para que empiecen a recibir los beneficios pactados. Estos territorios tendrían autonomía presupuestal y exenciones tributarias por 30 años.

En estos Terrepaz habría centros médicos, escuelas, proyectos productivos y toda una estructura del Estado que permita el desarrollo económico de la región y la manutención de los ex guerrilleros y sus familias. La puesta en marcha de los Terrepaz implica la creación del Plan Especial de Paz (Plan paz), del Consejo Nacional de la Normalización Territorial – Conater, el Instituto Nacional para la Paz, la Reincorporación y la Reconciliación, (Inpaz) y la Comisión Nacional de Reconciliación y la Reincorporación, CNRR entre otras entidades, que con acompañamiento de la ONU, Celac y Unasur velarían por la implementación de los acuerdos.

Es claro que esta es apenas una aproximación a lo que sería su propuesta de reintegración, que será reformulada y luego discutida y negociada en la mesa de paz con las observaciones y planteamientos que desde el Gobierno haga la Agencia Colombiana para la Reintegración.