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GUATEMALA CORRUPCIÓN

Sala de Guatemala revoca medidas coercitivas a implicados en bufete impunidad

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala dejó hoy sin efecto las medidas sustitutivas otorgadas el pasado mes de junio a siete acusados de asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso "Bufete de la Impunidad".

El fallo deriva de la apelación presentada por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y afecta a Francisco Javier Ortiz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana (ambos en prisión por el caso "La Línea"), y a Ruth Emilza Higueros Alay, Luis Fernando Zapata Mendoza, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y José Arturo Morales Rodríguez.

Todos ellos están acusados de participar en el caso "Bufete de la Impunidad", una ramificación de la trama "La Línea", que también provocó que la jueza Marta Sierra de Stalling y su hijo Roberto Stalling Sierra fueran ligados a proceso.

El pasado 9 de junio, el juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, otorgó arresto domiciliario y arraigo a los siete sindicados, quienes guardaban prisión preventiva desde mayo de 2015.

Pero los magistrados de la Sala de apelaciones argumentaron en su resolución que aunque se hubiesen presentado las conclusiones de la investigación no significaba que ya no existiera el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad.

"Por el contrario, estos riesgos podrían acentuarse aún más en la fase de juicio", indicó la resolución, que ordenó al juez "emitir una nueva resolución para dejar sin efecto dichas medidas".

Según la investigación, los integrantes de la estructura criminal "Bufete de la Impunidad" operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una suma de dinero.

El pasado 1 de diciembre, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal también revocó las medidas sustitutivas a la jueza Sierra de Stalling, sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.

"Sin embargo, a la fecha el juez Mynor Morataya no ha ejecutado la orden de dicha Sala", recordó la Cicig en un comunicado.

Sierra de Stalling, que estaba a cargo desde 1997 del juzgado octavo del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, supuestamente fue sobornada a cambio de liberar en abril pasado a miembros de la estructura de corrupción aduanera "La Línea", que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.

El Ministerio Público y la Cicig establecieron que el acuerdo para liberar a los integrantes de la red fue supuestamente gestionado por Luis Alberto Mendizábal Urritia, uno de los integrantes de "La Línea" y quien se encuentra prófugo de las autoridades.

Este caso obligó a renunciar el pasado mes de septiembre a la Presidencia a Pérez Molina, en prisión preventiva, y en mayo pasado a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti, también detenida, acusados de liderar la red de corrupción aduanera.

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