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Procuraduría advirtió sobre grave hacinamientos en estaciones de Policía de Santander

Reveló que hay personas que llevan hasta 17 meses recluidas en condiciones inhumanas.

La Procuraduría General radicó una tutela contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Consejo Seccional de la Judicatura con el fin de proteger los derechos constitucionales y legales de las personas sindicadas y condenadas que actualmente están privadas de la libertad en sitios transitorios de las estaciones y comandos de Policía en diferentes municipios de Santander.

El Ministerio Público señaló que la grave crisis de hacinamiento ha generado en los últimos años que las salas temporales de privación de la libertad de las estaciones de Policía, tengan que alojar en sus instalaciones a personas retenidas, sindicadas y condenadas.

Los municipios de San Gil, Socorro, Sabana de Torres, El Peñón, Guavatá, Chipatá, La Paz y Barrancabermeja, son los más afectados, pues las estaciones de Policía cuentan con infraestructura mínima y básica solo para la retención de personas de manera transitoria mientras se adelanta su comparecencia ante la autoridad judicial competente y, por tanto, no es posible utilizarlas como centros de reclusión para personas sindicadas o condenadas.

Las estaciones de Policía afrontan una grave crisis de hacinamiento en sus instalaciones y por consiguiente, la permanencia y convivencia diaria de reclusos en estos lugares generan riesgos de enfermedades respiratorias e infectocontagiosas, señaló el órgano de control.

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