La falsa hemofilia con la que “tumbaron” al Estado
En la Fiscalía Anticorrupción se investiga una defraudación que superó los 90.000 millones de pesos en dos departamentos.
La falsa hemofilia con la que “tumbaron” al Estado / Colprensa
Las auditorias de la Contraloría se convirtieron en el sustrato para las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción sobre lo que se conoce como el “cartel de la hemofilia”, un grupo de IPS que firmaron millonarios contratos con las Gobernaciones de Córdoba y Bolívar para suministrar medicamentos de alto costo y tratamientos que incluían hasta equinoterapia, que aparentemente nunca se practicaron.
Los pacientes fantasmas
Las dudas para las autoridades en Córdoba que llegaron a oídos de la Contraloría, señalaban un aumento del número de pacientes con hemofilia. En un solo año pasaron de 47 a 81 casos sin ninguna explicación científica.
Los hallazgos de la Contraloría develaron que muchos de esos pacientes no existían o los medicamentos no se entregaban, así está en duda el manejo de 50.000 millones de pesos sólo en Córdoba.
En el caso del departamento de Bolívar los pacientes fantasmas tienen enredados al menos de 25.000 millones de pesos en medicinas y tratamientos que no se sabe si fueron entregados.
En las entrevistas que adelantó la Contraloría a esos supuestos pacientes con hemofilia descubrieron que muchos ni siquiera existían, los que aparecían no tenían esa enfermedad y los que la tenían no recibieron los medicamentos o el tratamiento que si figuraba en los informes de la Gobernación de Córdoba.
La trampa
Las irregularidades arrancan con la supuesta entrega de medicamentos de alto costo que no estaban incluidos en POS. Lo hacían sin problema, sin autorizaciones o fallos de tutela, cuando en otras oportunidades los ciudadanos esperan durante meses la entrega o autorización con un especialista.
La Contraloría entregó a la Fiscalía los registros de cómo lo medicamentos pasaban con la simple solicitud del supuesto paciente, sólo en esta enfermedad los tratamientos tenían línea directa y las facturas terminaban en la tesorería de la Gobernación.
Las IPS se defienden
Una de las Instituciones Prestadoras de Salud comprometidas en el supuesto desfalco es Unidos por su Bienestar cuyo representante legal es el señor Éder Antonio Pérez Ardila un enfermero que también figura como representante de laClínica Santa Lucía, la misma que trató de darle crédito a los exámenes de hemofilia que justificaban los millonarios gastos.
Caracol Radio conoció una comunicación que la IPS envió a la Fiscalía en la que aseguran que los hallazgos de la Contraloría fueron a la Gobernación y no a la entidad prestadora de salud, que sus representantes no fueron citados por el ente de control pero aun así están a disposición de las autoridades si lo requieren.
En manos de la Fiscalía
El caso trascendió del departamento de Córdoba, la Contraloría además de su cuidadoso análisis definió que los hallazgos tenían repercusiones penales y debía ser la Fiscalía la que en adelante investigue a quienes estarían en la lista.
Aparece el nombre del entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, funcionarios de la secretaría de salud, los representantes legales de las empresas y hasta un médico encargado de firmar las autorizaciones.
La investigación por orden del Fiscal general quedó en manos de la dirección Anticorrupción y ya están en el estudio de los hallazgos de la Contraloría y de definir responsabilidades de cada implicado, los delitos: peculado por apropiación, contrato sin los requisitos legales y concierto para delinquir.
