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Carlos Castro Arias


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La Constitución del 91 y la justicia

Le dio vida a la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.

Colprensa

Fue el jueves 4 de julio de 1991 que la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución Política de 1991, que reemplazó la centenaria de 1886.

Uno de los títulos de la Constitución que más reformas tuvo fue el de la Justicia, que en 1991 vio nacer la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría se independizó del gobierno y obtuvo su autonomía.

Corte Constitucional

La máxima guardiana de la Carta Política en estos 25 años ha librado duras batallas que la han puesto bajo la lupa del Congreso, los órganos de control, incluso de los gobierno de turno que critican sus sentencias, como ocurrió con el entonces presidente César Gaviria frente al fallo del libre desarrollo de la personalidad y la despenalización del porte y consumo de la dosis personal, sin olvidar las reacciones en contra que generó en el gobierno Uribe el fallo que eliminó la posibilidad de su segunda reelección.

Pero ha sido entre los ciudadanos donde ha logrado consolidar su papel como protectora de los derechos fundamentales a través de la tutela, considerada la joya de la corona de la nueva Constitución. Así lo confirman los 35´241.755 expedientes que han llegado a alto tribunal para que proteja los derechos a la vida, la salud, el trabajo, la educación, incluso al amor filial y a morir con dignidad.

Han sido varias las batallas que han tenido que lidiar y que han marcado la historia del país en el ámbito político, social y económico. Como los límites al estado de conmoción interior o la emergencia económica, los ajustes al concordato suscrito entre el Estado y la Iglesia, la eliminación de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, el recorte a las pensiones de más de $15 millones de pesos, la eutanasia, el aborto en condiciones especiales, el matrimonio para parejas del mismo sexo y su derecho a adoptar.

Consejo Superior de la Judicatura

Fue creado con el objetivo de administrar a la Rama Judicial y sancionar disciplinariamente a los fiscales, jueces, abogados y magistrados de Tribunales. Se dividió en dos salas la Administrativa y la Disciplinaria.

Desde un comienzo fue objeto de críticas que en cuatro ocasiones intentaron suprimirlo de la Constitución, hecho que se consolidó con la Reforma de Equilibrio de Poderes aprobada en 2015, que estableció la creación de la Comisión Disciplinaria y del Consejo de Gobierno Judicial. Un reciente fallo reciente de la Corte Constitucional revivió la sala Administrativa.

Varios de sus magistrados ha sido protagonistas de escándalos que los llevaron incluso a renunciar a la presidencia de la corporación, como ocurrió con José Alfredo Escobar, o incluso a la corporación, como pasó con Henry Villarraga, involucrado en un escándalo por presuntamente recibir dinero de militares investigados por falsos positivos.

Fiscalía General de la Nación

Aunque fue creada en 1991 empezó a operar el 1 de julio de 1992 con la misión de brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia, con autonomía administrativa y presupuestal.

Uno de los problemas que enfrenta el ente acusador, que 484.871 expediente de Instrucción Criminal, es el cúmulo de procesos frente al bajo número de fiscales. A diciembre de 2003, 18 meses después de creada, terminó el año con 471.343 expedientes en etapa de investigación previa y 440.617 en instrucción. A corte de 2014 los acumulados en instrucción llegaron a los 84.000 y los de investigación a 45.000.

Desde su creación a la fecha ha tenido 8 fiscales generales, algunos de los cuales ha dejado la entidad en medio de polémicas como ocurrió con el primer jefe del ente acusador Gustavo de Greiff Restrepo, quien dejó la entidad en medio del malestar que generó una carta al juez de EEUU que procesaba al sicario del cartel de Medellín Dandennis Muñoz, alias La Quica, en el sentido de poseer información que hubiera participado en el atentado contra el avión de Avianca, sumado a su peleas con la entonces fiscal Janet Reno sobre la despenalización de las drogas.

Lo sucedió en el cargo Alfonso Valdivieso, quien renunció a la fiscalía para aspirar a la presidencia de la República. Antes de hacerlo había denunciado ante la Comisión de Acusación al entonces Jefe de Estado Ernesto Samper por lo que se conoció como el proceso 8.000 por la financiación del cartel de Cali de su campaña presidencial.

Los siguientes fiscales fueron Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilos Osoria y Mario Iguarán Arana, cuyo sucesor sólo pudo ser elegido por la Corte Suprema año y medio después luego de que los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos debieran presentar tres ternas. Se trató de Viviane Morales, cuya designación fue anulada por el Consejo de Estado por irregularidades en el trámite.

La sucedió en propiedad Eduardo Montealegre, un abogado con una brillante hoja de vida académica y profesional, pero quien en el ejercicio de su cargo generó polémica por lo que algunos calificaron su vocación de intervención en temas que no tenían que ver con la fiscalía.

Defensoría del Pueblo

Se creó con el objeto de promover, proteger y divulgar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y presupuestal y ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación.

El defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la República, para un período de cuatro años, contados a partir del 1 de septiembre de 1992.

En la actualidad el cargo se encuentra en interinidad luego de que el titular Jorge Armando Otálora fuera denunciado por presunta acoso sexual a su secretaria privada.

Procuraduría General de la Nación

Esta entidad se creó el 29 de 1830. Con la nueva constitución del 91 adquirió autonomía y dejó de depender del Gobierno Nacional.

Disciplina a los funcionarios públicos a quienes puede sancionar con multas, suspensiones en el ejercicio del cargo hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Aunque los dos últimos jefes del Ministerio Público – Edgardo Maya y Alejandro Ordóñez – fueron reelegidos, el actual procurador enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado por presuntas irregularidades en la permanencia en el cargo.

El caso está para estudio de la sala Plena del alto tribunal que evalúa un proyecto de fallo de la magistrada Rocío Araujo, que les da la razón a los denunciantes.