Acuerdo no garantiza la desmovilización total de las Farc: procurador

Que se modifique el acuerdo firmado el pasado 23 de junio entre el Gobierno y las Farc fue la petición que hizo el procurador general, Alejandro Ordóñez, al considerar que en este no se establece y ni se dan garantías absolutas de que las Farc se vayan a desmovilizar totalmente o que vayan a entregar todas sus armas.

Indicó que a su juicio ese acuerdo "es incompleto, absolutamente insuficiente y no es garantía de que las Farc se desmovilizarán integralmente y de forma definitiva, tampoco ese Acuerdo es garantía de que nunca más podrán rearmarse".

"El acuerdo establece que a las zonas de ubicación de miembros de las Farc solo se desplazaran quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a gran parte del “grupo armado organizado”, como son los integrantes de las milicias" señaló.

Explicó que en este punto no se tienen en cuenta que las Farc están integradas también por las milicias bolivarianas.

"Éstas son estructuras de carácter militar que actúan en zonas donde el grupo tiene influencia. Soportan las estructuras encuadrilladas, se camuflan en la población civil, ejecutan actividades de inteligencia de combate e incluso participan directamente de las hostilidades con atentados terroristas, francotiradores, instalación de minas antipersonales o uso de artefactos explosivos improvisados" añadió.

De otra parte lamentó que la ONU no sea autónoma "para llevar a cabo todas las acciones que considere necesarias para asegurar que en efecto el desarme sea total".

"El acuerdo no señala procedimientos que permitan establecer el real número de armas que tiene ese grupo, tampoco si llegaren a existir armas que no se entregaron o si el grupo o facciones del mismo escondieron armas o las vendieron a otras organizaciones al margen de la ley, como el Eln o bandas criminales" indicó.

Aseguró que la misión de la ONU además tiene un mandato de 12 meses, "lo cual no le permitirá establecer si las Farc se quedaron con armas o si los integrantes de las milicias, que no se desmovilizarán, quedarán con alguna reserva de armas".

"El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las Farc voluntariamente quieran reconocer y entregar a la ONU" expresó.

En conclusión, la Procuraduría llama la atención de la sociedad colombiana, la comunidad internacional y el Gobierno Nacional, sobre:

1. al Acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen.

2. El Acuerdo publicado no desmantela la infraestructura económica y de redes criminales que permiten que las Farc se rearmen y vuelvan a atacar en cualquier momento.

3. El Acuerdo publicado limita a la Misión de la ONU a lo que pacten las Farc y el Gobierno. Además no la dota de mandato ni de mecanismos que garanticen que el desarme es total.

4. No hay garantía de desmovilización total de las Farc. No hay garantía de desarme total de las Farc. Y no hay garantía de que las Farc no se rearmen y vuelvan a atacar.

La Procuraduría solicita al Gobierno corrija los términos del Acuerdo presentado el 23 de junio para asegurar que realmente las Farc desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las Farc debe ser para siempre.

Existen otras preocupaciones sobre el Acuerdo que serán expuestas posteriormente por la Procuraduría, especialmente, respecto a las zonas de ubicación de guerrilleros armados, los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y el derecho de los ciudadanos de esos municipios a expresarse en una consulta popular sobre si aceptan o no que se les impongan tales zonas.