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El paro que ya pasó y lo que falta

El paro agrario vuelve a poner el desnudo que el problema, además de tierras, abarca todas las falencias de un Estado que se descentralizó pero lo maneja todo desde Bogotá.

El paro que ya pasó y lo que falta

El paro que ya pasó y lo que falta(Colprensa/ Archivo)

Luego de doce días de paro y cinco de bloqueos, este fin de semana se llegó a un acuerdo con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que han vuelto a la protesta social por el incumplimiento de muchos de los puntos firmados en el 2013. Y de nuevo quedan lecciones que generalmente no se aprenden o no se vuelven asunto de las futuras agendas del país.

Con este paro, las comunidades rurales volvieron a demostrar capacidad de movilización y pusieron de nuevo en jaque al Gobierno nacional, más consciente ahora de que les ha fallado, pero sin tener respuestas a la mano para atender muchas demandas. Por eso, la protesta se suspende, pero el malestar sigue.

La sola agenda de lo que deberá acordarse de manera seria y responsable con las organizaciones rurales deja ver que el problema agrario no es solo del Ministerio de Agricultura: justicia, protección individual, paz, participación, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, medio ambiente, relación campo ciudad, entre otros. Es decir, casi que el tema de la producción rural es un elemento más de la problemática del campo.

¿Por qué un paro como este se repite y causa daño a departamentos como Cauca y Nariño que prácticamente quedaron bloqueados y sin alimentos y combustibles? Es un hecho que los gobiernos, no solo el de Santos, ante este tipo de situaciones firman acuerdos difíciles de cumplir no solo por falta de recursos sino también por la ineficacia del Estado para tomar acciones en materia de justicia –donde la impunidad campea-- y de combate a los grupos ilegales que desplazan y asesinan dirigentes sociales, por ejemplo.

Pero además porque la estructura del Estado en lo ejecutivo está diseñada, como se recordó en Hora 20 el viernes, para que la relación con las regiones haga más difícil atender sus demandas. Un poder centralista deja sin juego a gobernadores y alcaldes para ser la conexión con las comunidades y por tanto la solución de los problemas debe pasar por Bogotá donde la mayoría de las veces el que hace “la gestión” ante el ministro es el congresista, que a su vez es el que pone alcalde y gobernador. Es una manera de alimentar un círculo vicioso de poder. Por eso no prosperan en el Congreso intentos de desarrollo de la Constitución del 91 como la ley de ordenamiento territorial o pierden su efectividad los modelos de regalías. “Regalías enormes con presencia débil del “Estado contribuyen al fortalecimiento de la ilegalidad, no del desarrollo” como lo sostiene Francisco Gutiérrez Sanín. (“Instituciones y territorio. La descentralización en Colombia. 25 años de la descentralización en Colombia”).

Lo que acaba de pasar también tiene otras explicaciones. El gobierno no está frente a un solo interlocutor ni las organizaciones son monolíticas. El miércoles anterior se dijo que se había logrado un acuerdo sobre la Panamericana, pero lo que no se sabía era que se había logrado con una sola de las partes. Algunas peticiones, además, están por fuera de la solución inmediata del gobierno y otras dependen de los acuerdos con las Farc, como pasa con las demandas de derechos y autonomías de los afrodescendientes.

También en esta clase de movilizaciones terminan mezclándose intereses legítimos rurales con presiones de la guerrilla que cree que mover más gente en Arauca o Catatumbo la puede hacer parecer fuerte ante el gobierno en la mesa de diálogo, cuando el efecto es todo lo contrario.

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