Esta sería la pregunta para refrendar los acuerdos de paz en una consulta

“¿Está de acuerdo con el proceso de paz que se adelanta en La Habana y en consecuencia exige a la bancada legislar para implementar los acuerdos derivados de este proceso a través de los desarrollos normativos pertinentes?”.

Esta sería la pregunta del millón para que los colombianos digan sí o no a la refrendación de lo acordado en Cuba a través de una consulta popular, que también ha sido denominada como plan B en caso de que se caiga el plebiscito por la paz en la Corte Constitucional.

Esta solicitud será estudiada en los próximos días por los magistrados del Consejo Nacional Electoral y por el calibre de la decisión el magistrado Armando Novoa pidió la realización de una audiencia pública con los partidos interesados y que se designe una comisión amplia de la corporación para su estudio.

Aunque la consulta partidista no es vinculante para el gobierno, si lo es para las colectividades que la suscriban. En ese orden de ideas si los ciudadanos votan por el SI, el partido está obligado a cumplir con ese mandato y en este caso a “legislar para implementar los acuerdos de derivados del proceso de paz”.

Aparte de La U el partido MIRA ya había solicitado una consulta, situación que no impediría que se realice la propuesta por Roy Barreras, pues en la ley está contemplado que estas consultas pueden ser abiertas y de origen partidista diferente.

El Consejo Nacional Electoral abordará esta discusión en su próxima sala plena y se declaró a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre el plebiscito para determinar si se hace o no la consulta, pues sería presupuestalmente muy difícil adelantar los dos procesos.

“Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde de manera muy juiciosa por tratarse de un tema tan trascendental, pero esperamos que haya un pronunciamiento de la corte… Igual las fechas que fijemos para la consulta no son camisa de fuerza y si el plebiscito resulta aprobado los partidos pueden desistir de la consulta, eso dependerá del desarrollo de los acontecimientos”, señalo el magistrado Armando Novoa.

Una vez definida la fecha por parte del CNE queda en manos de la Registraduría pedir los recursos para su realización al ministerio de Hacienda y poner a andar la logística para que en un término no superior a tres meses se desarrolle la jornada electoral.