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CENTROAMÉRICA POBREZA

Piden aumentar inversión en zonas rurales de Centroamérica para bajar pobreza

Centroamérica ha avanzado "muy poco" en el combate de la pobreza y el desarrollo en la zona rural, donde habitan más de 18 millones de personas, alertó hoy un estudio publicado por un ente regional que propone aumentar la inversión estatal en ese sector para mejorar la protección social.

El documento "Bases Fiscales para el Desarrollo Rural en Centroamérica" fue presentado este martes en Tegucigalpa por economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Los países centroamericanos "han avanzado muy poco" en lograr una "nueva ruralidad" que establezca que un desarrollo armónico y eficiente es "prenda de garantía" para que las ciudades logren superar los desequilibrios regionales que amenazan la gobernabilidad, resalta el informe.

Enfatiza que la política fiscal de la región "se caracteriza por bajos niveles de gasto público en desarrollo rural, así como por poca incidencia en la reducción de la desigualdad y la profundización de los niveles de pobreza rural, es decir, no da la talla para hacer frente a los desafíos de las zonas rurales y garantizar el bienestar de la población".

Además de los retos fiscales, el desarrollo rural de la región se enfrenta a "una institucionalidad limitada que, en la mayoría de los casos, se reduce a los ministerios de agricultura", precisa el estudio.

Es por ello que el Icefi considera necesario impulsar un "lenguaje de desarrollo" que valore el mundo rural más allá de la sobreexplotación de los recursos naturales para hacer de los territorios rurales "espacios en donde los Estados construyan las condiciones para el bienestar social y la equidad, el respeto por la cultura y la participación activa de los ciudadanos".

Wilfredo Díaz, economista investigador del Icefi, dijo a Efe que más de 18 millones de centroamericanos habitan en el área rural y, de estos, el 69 % son pobres y tienen "menor acceso a los bienes y servicios básicos" que el Estado debe facilitar para el bienestar de sus ciudadanos.

"En las zonas rurales se mantiene alta (tasa de) inequidad y pobreza", subrayó el economista, quien resaltó que las personas que viven en el campo tienen "poca oportunidad laboral" debido "al estigma" de que el área rural está "atada al sector agrícola y la ganadería".

El estudio señala que los Gobiernos deben comprender que el desarrollo rural constituye "un elemento indispensable del desarrollo general e integral de los pueblos".

Destaca que pese a su importancia, la presencia del Estado en el área rural ha sido "históricamente mínima", ya que la carencia de bienes y servicios públicos esenciales, junto con limitadas oportunidades para la generación de ingresos, ha fomentado "un circulo vicioso de pobreza que los países centroamericanos están obligados a superar".

El documento apunta que la intervención de los Estados en el ámbito rural debe tener "un carácter sistémico, multidimensional y multinivel" y, para ello, se requiere mejorar los ingresos de los hogares pobres y las oportunidades de empleo.

Asimismo la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y protección social, el acceso a agua segura, la protección del medioambiente y reconstruir el tejido social.

En declaraciones a Efe, Ricardo Castaneda, economista investigador del Icefi, instó a la región centroamericana a invertir entre el 6,4 y el 9,8 % del producto interior bruto (PIB) para alcanzar un desarrollo rural para 2025.

El Estado hondureño, específicamente, debería invertir un 9,7 % del PIB para promover la propuesta del Icefi, según el organismo regional que tiene su sede en Guatemala.

En cuanto a El Salvador y Guatemala deben destinar en promedio el 6,4 % y el 7,4 % de su PIB, respectivamente, añadió.

En el caso de Nicaragua, la inversión en la zona rural debería ser el 9,8 % del PIB.

El Icefi también sugiere promover la protección y conservación de los recursos naturales, así como la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático.

Además considera necesario garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

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