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Congreso de Perú aprueba ley para búsqueda de unos 16.000 desaparecidos

El Congreso de Perú aprobó hoy un proyecto de ley que establecerá una política de búsqueda de unos 16.000 desaparecidos durante el conflicto interno desatado por el terrorismo en el país entre 1980 y 2000.

El proyecto fue aprobado en el pleno por 68 votos a favor, 4 abstenciones y ninguno en contra, y fue exonerado de una segunda votación.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, informó que el proyecto fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo desde 2012 y que tiene "un contenido de carácter humanitario".

Eguren agregó que el objetivo es que los deudos puedan encontrar a sus familiares desaparecidos desde los años del terrorismo en Perú, lo cual es una medida humanitaria que termine con su sufrimiento.

Entre 1980 y 2000, la agrupación maoísta Sendero Luminoso y el guevarista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) atacaron al Estado peruano intentando hacerse con el poder y el conflicto generado dejó alrededor de 69.000 víctimas en el país.

Eguren explicó que, actualmente, para realizar una búsqueda, se requiere de una denuncia penal, pero muchos de los familiares no lo hacen para protegerse y evitar peligros.

"Este rol pendiente y esta deuda del Estado tiene que ser corregida", agregó.

El proyecto partió de un informe del Ministerio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo hecho en 2012 sobre la situación de los desaparecidos en el país.

Eguren explicó que, con la nueva ley, se creará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y se ubicarán los sitios de entierros.

Asimismo, se dará un plazo de 90 días, después de la entrada en vigencia de la norma tras su promulgación por el Ejecutivo, para que se apruebe el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La legisladora Marisol Pérez Tello, que presidió la comisión de Justicia cuando se inició el debate de este proyecto en 2012, afirmó que en Perú hay unas 16.000 personas desaparecidas y que en la región Ayacucho, donde apareció Sendero por primera vez, hay fosas en sus caminos.

"Hay 16.000 familias en el país que están afectadas por esto, y es necesario que ya se atienda sus demandas de justicia", expresó Pérez Tello.

Por su parte, su colega José Urquizo destacó que el proyecto haya sido una iniciativa de la Defensoría del Pueblo y que vaya a estar a cargo del Ministerio de Justicia.

El parlamentario Manuel Dammert opinó que no sólo se deben identificar los sitios de entierro, sino también los lugares públicos donde se perpetraron torturas, asesinatos y desapariciones de luchadores sociales.

El año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias apoyaron la campaña #Reúne emprendida por los familiares para conseguir la aprobación de esta ley.

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