Procuraduría solicitó a administraciones locales incluir víctimas del conflicto en sus planes de desarrollo

La Procuraduría General solicitó a las administraciones locales y territoriales que incluyan en sus planes de desarrollo las políticas públicas contenidas en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2460 de 2015, respecto a la atención y la reparación integral de víctimas.

El Ministerio Público recordó la circular 001 de 2016, emitida el 26 de enero, en la que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que las autoridades territoriales deben incluir en la formulación de sus planes de desarrollo la reparación integral con cargo al distrito.

De igual manera, el ente de control hizo énfasis en la importancia que tiene Bogotá en el tema, puesto que hay registradas más de 600 mil víctimas y actualmente más de 380 mil son residentes.

Como primer punto, la Procuraduría advirtió que la asignación presupuestal para el plan de desarrollo actual de la capital no puede tener un retroceso respecto a las administraciones anteriores para la debida atención, asistencia y reparación integral de las víctimas; y por eso invitó al Concejo de Bogotá a revisar con profundidad la propuesta 2016 – 2020.

Por otra parte indicó que se deben dejar claros los temas de reubicación y retorno, reparación integral, ayuda humanitaria y sostenibilidad, éste último el punto más importante de los enunciados para dejar de lado el asistencialismo y darle paso a las soluciones duraderas para que las víctimas puedan desarrollar su plan individual de vida.

Asimismo, se insistió en la importancia de acudir a los principios de la corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y delegación; entre la nación, los departamentos y los municipios, en sus planes de desarrollo territoriales y el Plan de Acción Territorial (PAT), para articular una correcta atención a las víctimas.

Finalmente se hizo énfasis en que en la construcción del PAT se involucre, tal como lo establece la ley, la participación efectiva de los representantes de las mesas de víctimas, y para el caso de Bogotá la mesa distrital.