Orden Público

Acuerdos de paz requieren de legitimidad política: Defensoría del Pueblo

Advierte que el blindaje jurídico de lo negociado en La Habana no puede sustituir la refrendación de los colombianos.

Acuerdos de paz requieren de legitimidad política: Defensoría del Pueblo

Acuerdos de paz requieren de legitimidad política: Defensoría del Pueblo(Colprensa/Archivo)

La Defensoría del Pueblo celebró que las Farc por primera vez hayan aceptado la participación de instituciones del Estado en el proceso de legitimación de los acuerdos de La Habana, pero advirtió que no se puede pasar por encima de la refrendación a la que se comprometió el presidente Juan Manuel Santos.

A través de un comunicado hizo un llamado al gobierno para que “las garantías jurídicas de derecho internacional acordadas en La Habana, como la naturaleza de Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario y la finalidad de alcanzar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sustituyan ni resten efectos jurídicos a la decisión popular que tomará la ciudadanía colombiana al momento de acudir a un mecanismo democrático de refrendación”.

Para el organismo el Acuerdo Final de La Habana requiere de seguridad jurídica y legitimidad política para la paz sea estable y duradera.

“El país debe asumir el reto de discutir la seguridad jurídica de los acuerdos antes de acudir a procedimientos apresurados de carácter legislativo especial de implementación, para evitar escenarios de tensión que resulten en el rompimiento de los diálogos y la continuación del conflicto armado”.

Advirtió sobre un eventual debilitamiento del debate en el Congreso y del control de la Corte Constitucional “al tramitar leyes de implementación de un Acuerdo Final cuyos contenidos no abordarán únicamente asuntos humanitarios sino que incluirán temas de interés nacional como el problema de la tierra, las drogas ilícitas y la participación política”.

Sostuvo que el Gobierno debe asegurar que ni la refrendación popular, ni los procesos institucionales del Congreso de la República y la Corte Constitucional serán desconocidos para asegurar jurídicamente el Acuerdo Final.

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