Justicia

La Defensoría del Pueblo adelantará acciones ante la gravedad de la crisis sanitaria en las cárceles del país

Se revisará el manejo de los 85.000 millones de pesos asignados a este tema, y por otra se indague la actuación de los funcionarios responsables de administrar el sistema.

La Entidad presentará queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad; así mismo, informará a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación respecto a los hallazgos de las visitas humanitarias realizadas desde las distintas regionales de la Defensoría para que, por una parte se revise el manejo de los 85.000 millones de pesos asignados a este tema, y por otra se indague la actuación de los funcionarios responsables de administrar el sistema.

La Defensoría ha constatado que en gran parte de los establecimientos carcelarios, el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios, como ocurre en San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta, Melgar, Popayán, Villahermosa, Jamundí y La Modelo de Bogotá, algunos de ellos con atención intramural suspendida y otros con la renuncia gradual de los galenos.

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia conoció que la IPS GIH, encargada de la asistencia en salud y el suministro de medicamentos para los internos con patologías psiquiátricas, elevó esta semana un requerimiento al Fondo para exigir el pago de los honorarios, so pena de una parálisis indefinida en la prestación de los servicios.

En el tema de los medicamentos, la situación es igualmente crítica, particularmente en las cárceles del Meta, Antioquia, Chocó, Magdalena, Cauca, Norte de Santander y San Andrés, agravándose en aquellos centros de reclusión donde hay pacientes con enfermedades de alto costo como el VIH, lo cual sucede por ejemplo en la Penitenciaría de Acacías y la Cárcel Modelo de Bogotá, donde de los 51 pacientes diagnosticados 45 no reciben los antiretrovirales desde hace más de 3 meses.

Aunque la Defensoría del Pueblo ha formulado acciones legales y constitucionales para proteger los derechos de la población privada de la libertad en regiones como Magdalena, Cauca, Meta, Amazonas, Antioquia, Norte de Santander, Guajira y San Andrés, algunas de las cuales están actualmente en incidente de desacato.

La entidad no sólo acudirá a las instancias penales, disciplinarias y fiscales de control, sino que además solicitará a la Corte Constitucional que reasuma la competencia para revisar el cumplimiento de la sentencia T-388 de 2013, a través de la cual se declaró por segunda vez el estado de cosas inconstitucional en el tema carcelario y se adopten decisiones de fondo ante el incumplimiento manifiesto de las autoridades.

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