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PARAGUAY JUSTICIA

Defensa denuncia violación de derechos de acusados por masacre en Paraguay

Los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo, sufrieron "violaciones de derechos humanos y de garantías procesales" durante el juicio que enfrentan en Asunción, dijo hoy a Efe uno de sus defensores, Marcos Shirakawa.

El abogado participó hoy en una audiencia pública celebrada en el Congreso paraguayo para debatir acerca de las contradicciones del proceso judicial, en el que se juzga a once campesinos (ocho hombres y tres mujeres) por la muerte de seis policías.

Los hechos sucedieron el 15 de junio de 2012, cuando un contingente de 300 policías fuertemente armados acudió a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban un territorio del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrase a la reforma agraria.

Durante el desalojo se originó un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.

La Fiscalía solo investigó las muertes de los policías y formuló la acusación contra once campesinos, diez de los cuales permanecen bajo arresto domiciliario en un albergue post-penitenciario de Asunción, mientras que otro de ellos, Rubén Villalba, cumple pena de prisión en la cárcel asuncena de Tacumbú por una causa de 2008.

Según Shirakawa, el hecho de que los acusados permanezcan arrestados casi cuatro años después del inicio del proceso, y tras haber soportado penas de prisión preventiva, "viola las garantías constitucionales".

Los acusados se encuentran según dijo "muy desprotegidos" a nivel económico, debido a que desde hace cuatro años no pueden trabajar, y carecen de ayudas estatales.

Expuso además que dos de las acusadas dieron a luz estando en prisión preventiva y están criando a sus hijos bajo arresto, lo que está creando "problemas psicológicos" en los niños.

Shirakawa agregó que muchos de los acusados se encontraban heridos de bala tras la masacre, pero fueron detenidos sin recibir atención médica.

Además, expuso que, pese a que todos los acusados hablan solamente guaraní, idioma cooficial de Paraguay predominante en regiones rurales, fueron interrogados en lengua española, sin disponer de un intérprete tal y como obliga la Constitución.

Las vulneraciones de derechos denunciadas suscitaron la reacción del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, formado por 47 Estados partes, que el pasado mes de enero, en el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos a Paraguay, emitió dos recomendaciones sobre el caso Curuguaty.

La primera fue formulada por Alemania, que pidió "garantizar investigaciones imparciales e independientes" para esclarecer las denuncias sobre el caso Curuguaty, mientras que Estados Unidos solicitó la conformación de una comisión de investigación independiente sobre la masacre.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, formado por expertos independientes, emitió en 2013 una recomendación al Estado paraguayo para "asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial" del caso.

El Comité mostró además su preocupación por las "alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, judicatura, y fuerzas de seguridad" y la "falta de imparcialidad e independencia en procesos de investigación".

Pidió también esclarecer todos los hechos denunciados por las víctimas, como "torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso", según la recomendación de marzo de 2013 disponible a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore) del Gobierno paraguayo.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales como Unasur y Mercosur.

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