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PANAMÁ CORRUPCIÓN

Exministro de Martinelli sale de prisión preventiva por caso de radares

El Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá decretó hoy la puesta en libertad del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que llevaba siete meses en detención preventiva por un caso de corrupción relacionado con el conglomerado italiano Finmeccanica, informaron a Efe fuentes judiciales.

Mulino, que fue ministro del expredidente Ricardo Martinelli (2009-2014), tiene prohibido salir del país y está acusado de ordenar la compra con supuestos sobrecostes de una veintena de radares a una empresa subsidiaria del conglomerado italiano Finmeccanica, indicaron las mismas fuentes.

El juez que lleva el caso ya había ordenado el cambio de medida cautelar a Mulino, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción y el Segundo Tribunal Superior resolvió este miércoles a favor del exministro.

El tribunal también decretó el cambio de la medida cautelar del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional y exviceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, que pasará de la detención preventiva al arresto domiciliario. Actualmente, el exfuncionario se encuentra hospitalizado aquejado de distintas problemas de salud.

Garuz tiene otros casos pendientes con la Justicia panameña, uno de ellos relacionado con la interceptación de las comunicaciones a un centenar de personas, entre políticos, empresarios y periodistas durante la era Martinelli.

Precisamente, el máximo tribunal panameño ordenó por este mismo caso la detención del propio Martinelli, que lleva más de un año fuera del país.

Panamá e Italia suscribieron en 2010 un acuerdo en materia de seguridad que permitió la compra de 19 radares a la empresa Selex, 6 helicópteros a la empresa Augusta y un mapa digital a la empresa Telespazio Argentina, todas filiales de Finmeccanica, por 250 millones de dólares.

Según la Fiscalía de Italia, exfuncionarios del Gobierno de Martinelli y exdirectivos de Finmeccanica, uno de los conglomerados más importantes del país alpino, de capital público privado, acordaron el pago de unos 25 millones de dólares en "coimas" a cambio de la adjudicación de los contratos.

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