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¿Por qué el magistrado Pretelt no ha sido apartado de su cargo?

El reglamento del Congreso establece que sólo cuando la plenaria del Senado aprueba iniciar el juicio político de manera inmediata el funcionario queda suspendido del cargo.

El proceso en el Congreso contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por un presunto soborno de la Fiduciaria Fidupetrol arrancó en el Senado, que deberá decidir en el próximo mes si inicia o no un juicio político al togado.

Esta semana fueron elegidos los siete integrantes de la Comisión de Instrucción que se encargará de entregarle a la plenaria una ponencia de fallo acusando a Pretelt o solicitando el archivo del proceso.

Al tiempo que se discute si la comisión garantiza que habrá imparcialidad en el proceso, teniendo en cuenta que de los siete miembros cuatro serían afín al magistrado investigado, también hay dudas de si el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, debió ordenar la suspensión de Pretelt Chaljub o si esa es una decisión de la plenaria.

Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, sólo hasta que el pleno del Senado acepte la acusación que proponga la Comisión de Instrucción, el togado sería obligado a dejar su cargo, por lo menos de manera temporal.

“La Constitución señala que cuando un alto funcionario que ha sido acusado por la Cámara ante el Senado y el Senado admite la acusación, de inmediato el funcionario queda suspendido en el ejercicio de su cargo, de una manera automática, pero para eso se requiere que haya sido admitida públicamente la acusación, no por una Comisión que es apenas instructora, sino por el Senado en pleno que es el que tiene que resolver”, explicó el jurista.

Según Hernández hasta el momento no hay propiamente una admisión de la acusación por parte del Senado sino que se creó una comisión que revisará el proceso y luego hará una recomendación.

“Es el Senado el que debe dictar sentencia y al dictar sentencia, puede ser que absuelva al acusado o lo condene. Como condena, únicamente puede imponer la destitución del cargo y la privación o suspensión en el ejercicio de los derechos políticos. En lo propiamente penal, pasaría a la Corte Suprema de Justicia para que defina en ese aspecto la situación del sindicado”, reiteró.

A su turno el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, explicó que Pretelt Chaljub seguía en el cargo porque "ni siquiera se ha llegado a juicio. O sea, lo que hay ahora es un procedimiento político en donde el Congreso, recibiendo unas acusaciones en contra del señor, evaluándolas, va a decirle a la Corte si lo investiga o no”.

“Antes de acusar a un magistrado, al fiscal general, al presidente de la República ante la Corte para que lo juzgue, el Congreso tiene que dar permiso y eso casi nunca ha ocurrido”, precisó.

Para el senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, es claro que la suspensión sólo aplica cuando la comisión de instrucción hace una propuesta y el pleno acuerdo procesar al magistrado.

Fuentes aseguran que si Velasco hubiera suspendió a Pretelt Chaljub hubiera incurrido en prevaricato y extralimitación de funciones.

Comisión Instructora

Tiene la tarea de elaborar una ponencia con lo actuado hasta el momento y las pruebas que encontró la comisión de acusación para decir que el magistrado Pretelt es responsable del delito de concusión por exigir supuestamente dinero para favorecer una tutela a Fidupetrol.

El pasado martes, el Senado eligió de dos planchas, a los siete integrantes de la comisión, y ganó el listado que presentó el Centro Democrático.

Algunas fuentes del Congreso se atrevieron a especular de que se trata de una “absolución cantada” debido a que la mayoría de sus integrantes son uribistas y conservadores. Hay tres senadores del Centro Democrático (José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Alfredo Ramos) y un conservador (Juan Manuel Corzo), ellos podrían ser el último salvavidas del magistrado. Los otros integrantes son Roosvelt Rodríguez de La U, Guillermo Santos del liberalismo y Jorge Prieto de los verdes.

“No se favoreció a ninguna de las planchas, el Congreso eligió la comisión como se debía elegir y ordena la Ley Quinta”, indicó el presidente del Senado.

Lo cierto es que, coincidencia o no, la bancada uribista fue más organizada, estuvieron todos presentes en la plenaria y por esa razón tuvieron más cupos en la Comisión Instructora.

Otra de las cuentas que hacen algunos parlamentarios es que aprovechando que el voto fue secreto, algunos integrantes del Partido Cambio Radical, terminaron votando por la plancha uribista como señal de molestia con el Gobierno Santos.

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