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MÉXICO CÁRCELES

Mínima mejora de cárceles mexicanas en 2015 con 1.382 riñas y 54 muertes

Los penales mexicanos mejoraron en general sus condiciones en 2015, si bien continuaron las faltas en rubros como la gobernabilidad o la sobrepoblación, en un año en el que se dieron 1.382 riñas y 54 homicidios, reveló hoy un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"No hay avances significativos en el panorama nacional en esta materia", remarcó el ombudsman, Luis Raúl González, en la presentación del "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015".

Los centros estatales obtuvieron una nota de 6,21 sobre 10, los federales de 7,36 y los militares de 7,93, obteniendo las tres categorías unas leves mejoras, de décimas en la mayoría de casos, frente a los resultados de 2014.

González destacó el avance "marginal" de los centros estatales, pues la CNDH tomó una muestra de 130 prisiones -de las 359 instalaciones existentes en México- que acogen a 194.977 internos.

Estos representan el 87 % del total de reclusos en penitenciarías controladas por las entidades federativas, de un conjunto de cerca de 246.000 internos en el total de cárceles del país.

En 13 de los 32 estados la calificación fue roja -con una puntuación menor a 6- y no llegaron al aprobado los estados de Nayarit (4,11), Quintana Roo (4,43) y Guerrero (4,99).

Otros 18 estados obtuvieron una puntuación "regular" -de entre 6 y 8 puntos- y solo Guanajuato, con un 8,02, sacó una "buena" marca, poniéndose en cabeza del ránking.

Para el ombudsman, la diversidad de problemáticas prueba la complejidad del sistema penitenciario en México, aunque abogó por "estándares deseables" como que se garantice la integridad física y psicológica del preso, una estancia digna, la atención a los grupos vulnerables o el cuidado a la salud de los reos.

Destaca la sobrepoblación, documentada en 65 centros estatales y en 6 de los 21 centros federales y causante de problemas de salud y de seguridad, así como de falta de oportunidades al limitar los servicios y las actividades educativas encaminadas a la reinserción social, destacó la CNDH.

Ello, sumado a una deficiente distribución, lleva al hacinamiento en muchas áreas de los penales.

La investigadora de la CNDH Ruth Villanueva recordó que mientras que en algunos dormitorios los reos duermen solos, en otras áreas donde han de convivir cuatro internos se encontraron hasta 30.

Además, en 71 penales estatales se detectó autogobierno, aquellos en los que los reos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, y en algunos centros se identificaron las llamadas "áreas de privilegios", así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.

Dichos factores confluyeron en el penal de Topo Chico, en el norteño estado de Nuevo León, donde en febrero pasado una de las peores riñas jamás registradas en el país se saldó con 49 muertos luego de una disputa entre bandas rivales.

Con una población de 4.176 personas frente a una capacidad de 3.635, el penal de Topo Chico obtuvo en 2015 una puntuación de 5,24 y se detectaron graves deficiencias como la falta de personal o el registro de actividades ilícitas y extorsión.

A raíz del suceso salió a la luz que la cárcel albergaba celdas de lujo equipadas con pantallas de televisión, frigobares y hasta acuarios y baños sauna, y se encontraron decenas de cuchillos, martillos y objetos punzocortantes.

Según el reporte de la CNDH, en 2015 se produjeron 2.110 incidentes. Entre estos 1.382 riñas (808 en estatales y 574 en federales) y se reportaron 54 homicidios y 23 suicidios, así como seis motines.

En 2014 se reportaron menos incidentes (1.737) y homicidios (49) pero más reyertas (1.435) y suicidios (68).

El diagnóstico del organismo también analiza las condiciones en 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán en julio de ese año y donde se encuentra actualmente preso tras ser recapturado el pasado enero.

En 2015 sacó una puntuación de 7,32 -ligeramente inferior al promedio de los penales federales- y obtuvo bajos resultados en garantizar la integridad física y moral del interno.

Se cuantificó una población de 1.018 reos frente a una capacidad de 836 personas.

El ombudsman señaló que tanto los sucesos en el Altiplano como en Topo Chico evidenciaron las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario.

"No debe esperarse a que haya hechos graves en un centro penitenciario para voltear a ver los problemas existentes e implementar acciones de carácter paliativo, ni tener actitud reactiva para atender un problema solo cuando tiene repercusión social", sentenció el ombudsman.

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