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PARAGUAY JUSTICIA

Senador denuncia contradicciones en testimonio de forense de caso Curuguaty

El senador paraguayo Luis Alberto Wagner, del opositor Partido Liberal, denunció presuntas contradicciones en los testimonios brindados por el forense encargado de examinar los cuerpos de las 17 personas que en 2012 fallecieron en la masacre de Curuguaty, tras la cual fue destituido el presidente Fernando Lugo.

La masacre tuvo lugar el 15 de junio de 2012, cuando un contingente de cerca de 300 policías fuertemente armados acudió a desalojar a un grupo de unos 60 campesinos que ocupaban una finca del distrito de Curuguaty, en el este de Paraguay, para pedir que formara parte de la reforma agraria.

Durante el desalojo se originó un tiroteo cuyo origen no ha sido esclarecido, y en el que fallecieron once campesinos y seis policías.

Otros once campesinos están siendo juzgados en Asunción en relación con la muerte de los seis policías, mientras que no hay ninguna persona imputada por la muerte de los labriegos en la masacre.

Durante el juicio, el médico forense Pablo Lemir prestó declaración como testigo, y afirmó que los policías fallecieron por disparos de escopetas de caza.

Sin embargo, Wagner denunció que en la noche del 15 de junio de 2012, Lemir le dijo en la morgue donde se encontraban los cadáveres que las heridas que causaron la muerte de los agentes fueron provocadas por armas de grueso calibre.

"Estaban todos los cuerpos de los policías muertos, y ninguno de ellos murió de balas de escopeta", aseguró el senador, según un comunicado difundido por la Cámara Alta.

Wagner acusó a Lemir de estar "destrozando la investigación", y aseguró que la diferencia entre los proyectiles de las escopetas de caza que supuestamente portaban los campesinos, y las balas de los fusiles con los que se presume que iban armados los policías para el desalojo es fácil de identificar.

El senador convocó a una audiencia pública en el Congreso el próximo 29 de abril para discutir sobre las presuntas contradicciones en el caso Curuguaty.

Wagner se reunió además con el sacerdote jesuita español Francisco de Paula Oliva (Pa'i Oliva), que denunció la manipulación que existe en la investigación del caso Curuguaty y exhibió documentos y fotografías que, según él, dan testimonio de estos hechos.

Oliva lamentó que el juicio por el caso Curuguaty "se pueda convertir en un montaje de algo que no ocurrió, y que en el fondo la sentencia ya esté dada".

Rechazó además que el Estado aceptara que la familia Riquelme, propietaria de la empresa Campos Morombí, que explota un latifundio contiguo al lugar de los hechos, "cediera un terreno que no poseía".

El sacerdote se refirió a la donación de la finca donde sucedió la masacre, conocida como Marina Kue, cuya titularidad se disputan Campos Morombí y el Estado paraguayo.

La empresa Campos Morombí propuso donar al Estado paraguayo esta extensión de tierra para crear una reserva forestal, una medida que el Parlamento aprobó el pasado mes de noviembre.

Varias organizaciones sociales, como la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), consideraron "inconstitucional" la medida, argumentando que la empresa no puede hacer una donación porque no posee la titularidad de las tierras, que fueron donadas al Estado paraguayo en 1967 y utilizadas por la Armada paraguaya desde entonces.

La empresa Campos Morombí pertenece a los familiares de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, que fue destituido una semana más tarde en un procedimiento calificado de "irregular" por organismos como la Unasur o el Mercosur.

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