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Estado debe garantizar servicio de transporte a colegios para niños que vivan en zonas rurales

La Corte Constitucional recordó que la educación es un derecho fundamental que no puede ser v negado a familias de escasos recursos.

Colprensa/Archivo

Al fallar una tutela a favor de un grupo de familias de escasos recursos que viven en fincas ubicadas en distintas veredas en el municipio de Onzaga, Santander, la Corte Constitucional le advirtió al Gobierno que es su obligación garantizar el acceso a la educación de los menores de 18 años de edad.

Señaló la corporación judicial que “el Estado tiene la obligación de propender por la protección del derecho a la educación (…) con el fin de mejorar las alternativas de vida de las personas”.

Las tutelantes argumentaron que sus hijos no han podido continuar sus estudios secundarios “porque no hay programas de educación secundaria formal para continuar”.

Por lo que la Corte indicó que “el Estado tiene la obligación de determina las medidas pertinentes para la prestación del servicio, las cuales, deben atender al interés de niños, niñas y adolescentes sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad, no sólo como sujetos de protección especial sino como plenos sujetos de derecho”.

Agregó que el derecho a una educación accesible “acarrea en cabeza del Estado la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades”.

“En este orden de ideas, el derecho fundamental a la educación comporta la obligación positiva de proveer el transporte de los niños campesinos, cuando la institución educativa más cercana se ubica lejos de su vivienda” precisa el fallo.

Por esta razón señaló que “una entidad territorial de orden departamental o municipal vulnera los derechos fundamentales a la educación e igualdad de niños, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales del país al no proveer el servicio de transporte con el fin de que los estudiantes pueden continuar sus estudios de básica secundaria en una institución ubicada en el casco urbano de un determinado municipio, sometiendo a los alumnos a largas horas de camino para llegar hasta sus escuelas, lo cual no cumple con la accesibilidad material del derecho a la educación, teniendo en cuenta la localización geográfica de su residencia”.