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Dos y Punto

Diana Montoya


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Corte advirtió que entidades del Estado no pueden vulnerar los derechos de los desmovilizados

Le ordenó a la Registraduría Nacional entregar la cédula de ciudadanía a un exguerrillero que lleva cinco años indocumentado.

Un jalón de orejas le hizo la Corte Constitucional a la Registraduría Nacional por no haber entregado de forma oportuna el documento de identidad a un desmovilizado de las Farc que lo solicitó desde hace cinco años.

Señaló la Corte que en este caso un ciudadano identificado como Juan aseguró que se le estaban vulnerando sus derechos a la personalidad jurídica y al debido proceso, pues la Registraduría “se ha negado a dar respuesta de fondo a la cancelación de la cédula”, pese a que se trata de un documento de identidad “que no usa ni posee”.

Aseguró que en su momento le tocó solicitar un documento de identidad con información falsa debido a que “lo hizo actuando en contra de su voluntad, pues fue constreñido a ello, por parte del grupo insurgente (Farc-Ep) al cual perteneció desde que era menor de edad y hasta su desmovilización en el año 2010”.

Agrega que cuando pretendió obtener su cédula de ciudadanía con el nombre real, lo hizo ante una sede de la Registraduría en Bogotá, sin que a la fecha le hayan entregado su documento de identificación ni dado respuesta a su solicitud.

En el caso de los desmovilizados, la Corte ha definido a quien es “reinsertado” o “desmovilizado” como aquel individuo que decide abandonar voluntariamente las filas de un grupo armado al margen de la ley al que pertenece, para entregarse a las autoridades estatales y reincorporarse a la vida civil dejando de lado la violencia y asumiendo el compromiso de vivir en paz, siendo obligación del Estado brindarle un especial apoyo y protección.

Es un hecho notorio que los grupos al margen de la ley acudan a alias, esto es, a caracterizaciones y otras formas de ocultar la verdadera identidad de sus miembros.

En el caso de las personas que ingresan a las filas de un grupo al margen de la ley antes de alcanzar la mayoría de edad, este tipo de maniobras pueden afectar de manera ulterior el ejercicio de sus derechos políticos, su personalidad jurídica y el normal desarrollo de sus vidas, y como en el caso objeto de estudio, generan obstáculos cuando deciden aclarar ante las autoridades de registro su verdadera identificación.

Por lo tanto, corresponde al Estado facilitar y prestar la colaboración necesaria para la corrección de los registros civiles y cédulas de ciudadanía que puedan contener información falsa, no por voluntad del afectado, sino por imposición de un grupo armado.

La Corte considero en este caso que la Registraduría Nacional del Estado Civil pese a que evidenció el problema de cedulación de la accionante, no había sido garante de sus derechos fundamentales. En primer lugar, la entidad de registro una vez advirtió la circunstancia de doble cedulación procedió de oficio a cancelar el último documento de identidad expedido en el municipio de Tumaco desconociendo su derecho a ser oída.

Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá adoptar un procedimiento interno que regule casos de múltiple cedulación, señalando que debe actuar en forma oficiosa adelantando las acciones y gestiones administrativas para lograr la identificación precisa y exacta de una persona, cuando se evidencie que está en condiciones de vulnerabilidad y que las mismas le ocasionan dificultades para cumplir con los procedimientos administrativos o judiciales previstos en la normatividad legal vigente.